sábado, 26 de julio de 2014

CRÓNICA DE LA REFORMA ENERGÉTICA Y DE LA TEMIBLE PRIVATIZACIÓN DEL PETRÓLEO (Cuarta Parte).



Con motivo de la expropiación petrolera, el gobierno mexicano contrajo una deuda con las compañías petroleras de $1,606,819,827.00.  (Un Mil Seiscientos Seis Millones, Ochocientos Diecinueve Mil Ochocientos veintisiete Pesos 00/100 MN).

Eso no se supo en el momento, ese fue el cálculo, que las propias compañías expropiadas hicieron de estimar los bienes que le fueron nacionalizados por el gobierno revolucionario del general Lázaro Cárdenas.

¿Poco o mucho dinero?.

Para que podamos visualizar esa cantidad, el monto de la indemnización que debía de pagársele a las compañías petroleras, era de casi cinco veces, de lo que el gobierno federal erogaba al año.  Tan sólo en aquel 1937, el Presupuesto de Egresos de la Federación que autorizó el Congreso de la Unión, era de $333,225,688.82 Trescientos Treinta y Tres Millones, Doscientos veinticinco Mil, Seiscientos Ochenta y Ocho Pesos 82/100 M.N.).  Es decir, apenas una quinta parte, de lo que debía pagársele a dichas compañías. Esto significaba, que para que el gobierno mexicano pagara el importe de las indemnizaciones a las empresas petroleras, no debía de programársele recurso alguno para su subsistencia, durante un periodo de cinco años.



La solidaridad del pueblo mexicano se manifestó ante tal acto patriótico y nacionalista y en una muestra de apoyo solidario con su gobierno, ofreció espontáneamente donativos, que oscilaban entre los dos millones de pesos en total, veinticinco mil dólares y treinta y tres mil ochocientos pesos en oro.   Esta aportación de recursos a cargo del pueblo mexicano, que empeño desde alhajas, hasta animales, más que una contribución pecuniaria, pues representaba apenas el 0.1% de la deuda total por pagar, tiene un carácter simbólico; significa una manifestación solidaria y desde luego, el sentido de apropiación del pueblo mexicano, con su empresa.

El Gobierno de Gran Bretaña manifestó su molestia por el acto expropiatorio, en una nota diplomática, manifestaba su “reservas por la sentencia dictada por la Suprema Corte y consideraba, la expropiación como un acto arbitrario”.  Días después, en otra nota diplomática, fijo el importe de su indemnización, a la cantidad de 371 millones de pesos.  La fricción entre ambas gobiernos, hizo que el gobierno mexicano se comprometiera pagar ese importe, con intereses, pero también en una muestra de dignidad, retiro a su embajador en Londres.

Los Estados Unidos de América también reaccionarían ante la embestida nacionalista del gobierno cardenista. Recordó al gobierno mexicano, que no se le había pagado a sus ciudadanos, las compensaciones correspondientes afectados por la Reforma Agraria. Cartas epistolares se dieron entre los diplomáticos de ambos países, a través de los cuales, el gobierno mexicana invocaba su legítimo derecho de actuar en apego a sus propias leyes. Luego de intensas negociaciones diplomáticas, el gobierno de los Estados Unidos, presidido por Franklin D. Rooselvelt, sorprendió al reconocer el legítimo derecho del gobierno mexicano, para expropiar sus tierras y su petróleo. La discusión entonces giró, ya no con la amenaza de la intervención armada sobre el suelo patrio, sino por el importe de la indemnización.

La expropiación petrolera decretada por el gobierno del Presidente Cárdenas, generó también una crisis económica en el sector bancario. Los recursos de los bancos privados (capital, reservas y depósitos), bajaron de 442 millones de pesos, a unos 329 millones de pesos. Es decir en menos de un mes, salieron del país, 113 millones de pesos.

El gobierno mexicano recibiría un crédito del Banco de México de apenas 89 millones de pesos y ajustaría su presupuesto de egresos de 333 millones a 450 millones de pesos. Sin embargo, dichas cantidades y la deuda que contraería el gobierno mexicano, así como los donativos que recibirían estos a cargo de la solidaridad del pueblo mexicano, no alcanzaba a pagar, ni siquiera en una décima parte, el importe de las indemnizaciones para las compañías extranjeras.

El gobierno de Lázaro Cárdenas con el apoyo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, crearían la empresa “Petróleos Mexicanos” PEMEX.  El Congreso de la Unión hizo lo propio, emitiría su ley reglamentaria, mientras que el referido Sindicato, emitiría una circular dirigida a sus 32 secciones, con la cual instruía a sus agremiados, que los artesanos debían de fabricar con extrema urgencia, algunas de las refacciones que necesitaban la industria, celebrando pacto con los ferrocarrileros, para que con los trenes, también recién nacionalizados, sirvieran de transporte para la distribución de gasolina, combustóleo y demás derivados. 



¡Cierto¡. La producción bajo a un 45% y la exportación hasta un 85%. Resultaba difícil, producir, distribuir y comercializar petróleo mexicano. ¡No existía el personal técnico que hiciera posible que la industria siguiera caminando.  ¡Fueron meses difíciles¡.  Contra el boicot de las compañías extranjeras, de retirar a los operadores que hacían posible el funcionamiento de la industria petrolera en México; se respondió con la creatividad y el patriotismo de los trabajadores, ingenieros, técnicos y ayudantes de la recién empresa mexicana. Fue en esos primeros dos años de la nacida compañía mexicana, cuando se abrieron treinta perforaciones en Poza Rica, El Ebano y el Istmo de Tehuantepec; y en contra de las dificultades, la empresa recién nacionalizada, fue saliendo de su crisis; ¡eso si¡, sin haber pagado todavía ni un peso, el importe de la indemnización y obviamente aumentando su plantilla de trabajadores, de 17,600 a 21,940, todos ellos propuestos por el Sindicato.

Manuel Avila Camacho

El gobierno de Lázaro Cárdenas, cuestionado de haber impuesto a su sucesor a través de un fraude electoral, el general Manuel Ávila Camacho, heredó a éste, una cuantiosa deuda, que debía de cubrir a los antiguos dueños del petróleo mexicano.

Perdían las finanzas mexicanas aparentemente, pues debía indemnizar a la compañías petroleras durante un largo tiempo. A cambio de ello, el Estado Mexicano adquiría la inversión mas importante del sistema político (priísta), pues se convertía ahora en el dueño de una de las compañías que más riqueza generaba al mundo. Más aun, no fue necesario que el petróleo mexicano buscara nuevos mercados en Europa, sobre todo, venderles el vital aceite a las naciones facistas como España, Italia y Alemania; pues Estados Unidos sería su gran comprador.

Nada mejor para la suerte mexicana, que administrar esa empresa, con un mundo convulsionado por una guerra cruel, sanguinaria, destructiva. Compartiendo la frontera con una de las naciones que esperaba en cualquier momento, su ingreso a la guerra, nos referimos a los Estados Unidos. Mientras eso sucedía, millones de seres humanos perdían la vida, al mismo tiempo, que el gobierno mexicano invertía en la construcción de oleoductos, así como de su primer barco petrolero, el “Toteco”.  Siendo también una de sus principales actividades gubernamentales, emprender la defensa del territorio nacional, en contra de un posible ataque que pudieran incursionar, las naciones beligerantes.

El ataque a la flota petrolera mexicana se dio aquel 13 de mayo de 1942, cuando submarinos nazis, torpedearon frente a las costas de Florida Estados Unidos, el buquetanque “Potrero de Llano”; siete días después, frente a las costas de Veracruz, sería  torpedeado también, el “Faja de Oro”; entonces el Presidente Manuel Ávila Camacho en un discurso transmitido en la radio, informaba al pueblo de México, que no obstante de la neutralidad del país, ni de que la nave tenía los signos característicos de su nacionalidad, y que éste viajaba con las luces encendidas a fin de hacer claramente perceptibles los colores de nuestra bandera, alegó que ni por razones de derecho internacional y humanitarias, se les había otorgado a sus tripulantes de dichos buques petroleros la oportunidad de atender su salvamento.


Luego de una tensa espera de siete días, el gobierno mexicano no recibió explicación ni disculpa alguna del gobierno alemán, entonces, México le declaró la guerra a las potencias del eje: Alemania-Italia-Japón. Al día de la fecha, ha sido la única declaración de guerra realizada por nuestro país durante el siglo XX. 

La ola de agresiones sobre México, no terminaría ahí; el 27 y 28 de junio de aquel 1942, serían hundidos otros dos buque tanques: el “Tuxpan” y “Las Choapas”; finamente el día 2 de julio, sería atacado el quinto buquetanque petrolero, el “Amatlan”; finalmente el 19 de octubre de 1944 correría la misma suerte, el “Juan Cansiano”.

El saldo, 107 marinos mexicanos al servicio de Petróleos Mexicanos muertos. La respuesta, a dicha agresión, fue una cuadrilla de treinta pilotos aviadores mexicanos de la recién creada Fuerza Aérea, entrenados en el campo aéreo de Greenville (Texas), cuyo destino bélico fue combatir a los japoneses en Formosa y Filipinas.  

 De esa manera, el atentado a la industria petrolera, no vendría ni de Gran Bretaña, ni de Estados Unidos, sino de Alemania y quien pagaría bélicamente por dicha frenta, no serían los alemanes, sino los japoneses.

Mensaje declarando la guerra

Por otra parte, existen las sospechas que esos buques petroleros no fueron realmente inundados por los alemanes, sino que fueron submarinos americanos quienes así lo hicieron, en una maniobra bélica política, con la cual, éstos “engañaron” a los mexicanos, para hacerles creer que fueron los alemanes quienes los agredieron; pero cuyo fin realmente perseguía, asegurar la lealtad de su fiel vendedor de petróleo, el cual únicamente vendería su petróleo (recién expropiado), a los Estados Unidos.   

Así transcurrieron los primeros años de la orgullosa empresa nacional, en un clima en que los noticieros de radio informaban sobre los acontecimientos bélicos ocurridos en Europa, mientras que el “presidente Caballero”, emprendía la conciliación, entre los “reaccionarios” y los “revolucionarios” del régimen. La llamada “Unidad Nacional”. La historia no termina ahí, a diez días de terminar el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, gracias a un crédito otorgado por el Banco de Washington, se inauguraría  la primera refinería de la industria petrolera mexicana: “18 de Marzo”, ubicada ésta en terrenos de Azcapotzalco, Distrito Federal, el cual tendría un oleoducto proveniente de Poza Rica, capaz de transportar y refinar, 50 mil barriles de petróleo.

Mientras tanto, la deuda de la indemnización de la expropiación petrolera, comenzaría a pagarse desde 1940; la misma terminaría pagándose hasta 1962.  Sin embargo, aún no terminaba de cumplirse la obligación internacional, cuando el nuevo presidente que sustituyera al general Ávila Camacho,  el licenciado Miguel Alemán Valdez, tendría la ocurrencia, por razones “técnicas y financieras”, de llevar a cabo cinco “contratos de riesgo”, con las compañías extranjeras CIMA, Scharmex, Isthmus Development Company y Pauley-Noreste.  Dichos contratos de exploración y perforación, se pagarían con una compensación de entre el 15 y el 18.25% del valor, durante un plazo de 25 años. Teniendo aparejada ésta la obligación de celebrar con posterioridad, los “contratos de venta”.

Lic. Miguel Alemán Valdes


No falto quien dijera que el Presidente Alemán Valdez, estaba traicionando la revolución mexicana, sobre todo, la expropiación petrolera realizada por su antecesor el general Lázaro Cárdenas, entonces, dentro de esa masa de diputados priístas que todo aplaudían y votaban de su jefe y líder político, surgiría  un diputado valiente, proveniente de Michoacán, un ex líder estudiantil, de nombre Natalio Vázquez Pallares, quien denunciaría al Presidente Alemán Valdez, de violar la constitución.


Entonces la gran tentación aparecería. ¡La inversión privada en PEMEX¡.  

martes, 22 de julio de 2014

NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS. ¿Más de lo mismo?.




¿Nuevos partidos políticos?

¡Efectivamente¡. Desde el día 9 de julio del 2014, nuestro sistema democrático amaneció con tres nuevos partidos políticos. MORENA, Partido Encuentro Social y Partido frente Humanista. ¿Algún problema?.

Estos partidos, se suman a los que ya existen. Los llamados partidos tradicionales: PRI, PAN y PRD; esa llamada “tripartidocracía única o hegemónica” que se adueñó del Congreso y de casi toda la geografía política del país;  Sin olvidar desde luego los otros partidos políticos llamados despectivamente “minoritarios”, los cuales han sido criticados de ser organizaciones “satélites” de los antes mencionados, inclusive, hasta de ser “negocios o franquicias familiares”. Dichos partidos son: El Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Nueva Alianza.

La sociedad en vez de celebrar con júbilo que surjan a la vida pública, nuevas opciones políticas que puedan representar a los ciudadanos, ven con desconfianza la aparición de nuevos actores políticos.  Automáticamente las voces críticas señalan con reproche: “¡más dinero¡”, “¡Mantener a políticos vividores¡”.



¿Qué son los partidos?

La Constitución Política señala en su artículo 41 define a los partidos políticos, como “entidades de interés público”; tienen derecho éstos a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal. Asimismo tienen el fin de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Señala también la Constitución, que sólo los ciudadanos, podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; prohibiendo la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Por ende, no deberíamos escandalizarnos por que nazcan a la vida pública nuevos partidos políticos. Así lo establece la Constitución, nuestra máxima ley y además, el sistema democrático electoral debe legitimarse, no con uno, dos o tres partidos políticos, sino con más actores. Así entre más sean las organizaciones y todos tengan las mismas posibilidades de obtener el poder público, más cerca estaremos todos de construir ese ideal republicano democrático.

Un partido político es pues, una organización de los ciudadanos que se asocian, para discutir los asuntos de una República. Dicha organización, en términos jurídicos, es una “institución”, es decir, una entidad que representa a un sector de ciudadanos y el cual, el Estado, le otorga una serie de derechos y obligaciones previstos en la Constitución y las leyes.  Siendo su principal derecho, el competir en circunstancias de equidad, en elecciones libres, universales, secretas, directas y racionales, para poder acceder y en su caso conservar el poder y con ello, un gobierno pueda tener la legitimidad de su pueblo, para la toma y ejecución de las decisiones públicas.

Así pues, la concepción de participación política de los ciudadanos ya no es la misma de la época grecorromana. Ya no existe fórum, ni las poblaciones son tan reducidas para llevar todo a la asamblea pública y ahí decidir la suerte de todos. El siglo XX conllevó al crecimiento desmesurado tanto de la población, como de los medios de comunicación y de producción; lo que implicó que las relaciones entre el pueblo y el gobierno, se volvieron cada vez mucho más complejas, al grado tal, que el punto de la discusión, ya no es tanto hablar de democracia, sino de representatividad.

Así pues, un pueblo elige a su gobierno y ese gobierno, no lo conforma un solo hombre, por el que el pueblo elige, sino que la realidad corresponde a que son miles de hombres y mujeres que trabajan al servicio de ese hombre  llamado Presidente (la burocracia).  Lo mismo ocurre con la elección de presidente, diputados y senadores. El aumento de la población y la complejidad de relaciones sociales y económicas, en las que se encuentran sumergidos los ciudadanos, ha hecho que la elección de sus representantes populares, no sea tampoco en asambleas comunitarias a mano alzada, en el kiosko de una plaza o en un pequeño fórum. La población ha crecido y ha tenido la necesidad de organizarse, también en instituciones, siendo dichos cuerpos burocráticos, los llamados “partidos políticos”.



Partidos políticos

Hay quienes sostienen (falazmente) que no tiene caso reconocer nuevos partidos políticos, pues con los partidos (tradicionales) mayoritarios basta, aunado a que los partidos chicos son mera “minoría”, o bien, como diría algún candidato presidencial, son mera “chiquillada”.

Diría algún celebre priista que alguna vez fue Secretario de Gobernación  Jesús Reyes Heroles, que Toda minoría política persigue a convertirse en mayoría y así gobernar”.  También dijo que “… las minorías tiene el derecho a transformarse en mayorías”; eso lo dijo en 1977, cuando por vez primera se realizó la reforma política que permitió el reconocimiento de nuevos partidos políticos al viejo sistema político (priísta) mexicano, entre ellos, el más polémico y beligerante de todos, una organización clandestina, acusada de haber organizado la conjura internacional contra México en 1968, nos referimos al Partido Comunista Mexicano, que con el paso de los años, (1981), se llamó Partido Socialista Unificado de México, después en Partido Mexicano Socialista (1986) para finalmente convertirse en el Partido de la Revolución Democrática (1989).  ¡Un claro ejemplo de una minoría que se convirtió en mayoría¡

Bien o mal, con muchas ilusiones y decepciones, gracias a las reformas electorales de 1985, 1993, 1994, 1996, 2007 y la reciente de 2013,  han tratado de construir en  nuestro país, una democracia acorde a los ideales de lo que debe ser una República.  Sin embargo, pareciera que tantas reformas políticas (electorales) y tanto partido político que ha transitado en la vida pública de nuestro país, han llegado a la triste conclusión, de que todo partido político, es una mala inversión, un gasto innecesario, un fraude y también, un robo a la nación. ¡Yo mismo me acuso de pensarlo y de haberlo dicho y escrito¡. Por momentos sostengo, que no tiene caso, sostener con recursos públicos a burocracias partidistas y peor aún, tolerar que los funcionarios partidistas, viles empleados del partido, se conviertan de la noche a la mañana, en representantes populares.

Un ejemplo deleznable de lo que son capaces de hacer las burocracias partidistas, lo tenemos en el caso de un partido político en la Ciudad de México, cuyo líder político (jefe burócrata), se le acuso de destinar los recursos públicos de su organización política para sostener una red de prostitución, en vez de fomentar la cultura cívica y democrática de sus ciudadanos.  Pero eso finalmente es un caso conocido, la preguntas es, ¿Cuántos casos parecidos a este, no se conocen?.

¡Así las cosas¡. ¡Partidos van, partidos vienen¡.  Tan sólo de 1991 al día de la fecha, año 2014, han existido diecinueve partidos políticos que no pudieron transitar de ser minoría a convertirse en mayoría.   De esos diecinueve partidos, solamente dos ellos perdieron el registro y lo volvieron a recuperar. El Partido Ecologista Mexicano adquirió su registro en 1991 y lo perdió ese año, para después recuperarlo en 1994. El otro caso, es el Partido del Trabajo, quien también adquirió, perdió y volvió a obtener el registro en los años antes mencionados.  En cambio hubo partidos políticos históricos que se les acusó de ser “satélites” del PRI y que al parecer perdieron su registro para siempre; nos referimos al PPS, al PARM y al PST, éste último se convirtió luego en el llamado “Partido del Ferrocarril”, porque su denominación era demasiada larga: “Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional”, PFCRN.

Partidos que se les ha acusado de ser franquicias familiares, como ha sido identificado el Partido Verde Ecologista Mexicano, a quien se le identifica como un negocio de la familia González Torres, una organización, cuya sabiduría del padre, supo heredar en vida su liderazgo a su hijo, a quien en ese entonces identificaban como el “niño verde”; o bien, el Partido de la Sociedad Nacionalista, que convirtió al Presidente del Partido, a la esposa e hija de éste en diputados de la misma legislatura. Ni que decir, el Partido Nueva Alianza, a quien se le ligó con una dirigente sindical (actualmente presa acusada de lavado de dinero) y que pudo designar a su hija y al parecer a su sobrino, en senadora y diputado respectivamente.

Sin embargo, el problema no es tanto el que existan partidos políticos y que estos postulen a familiares. El problema radica, en que no existan ciudadanos que deseen participar políticamente. Pues al no incorporarse éstos en la vida pública del país, ni fiscalizar el régimen interno de estos, hace posible que un grupo reducido, pero en serio, muy reducido, sea el mismo de siempre, quien ocupe esos cargos públicos.

Al no existir ciudadanos, estos no se involucran en las cuestiones públicas, luego entonces, los partidos se crean y se sostienen con la “misma gente”, que rota los cargos y los mismos puestos, y que inclusive llegan a brincar de partido en partido, para postularse y relegirse nuevamente en los mismos cargos públicos que ya ocuparon.

En otro de los casos, bastará ser hijastro de algún ex presidente de la República, para ser también diputado. O bien, ser una actriz, cantante o un deportista que salga en alguna de televisora monopólica, para luego convertirse en senadora o diputada, inclusive hasta jefa delegacional.  ¡En fin, no nos quejemos, todos hemos sido cómplices de esta situación¡. La falta de participación política de la mayoría de los ciudadanos, ha hecho posible, que una oligarquía partidocrática, sea quien decida los destinos no solamente de nuestra comunidad, sino del país entero.



¿Partido Político igual a Burocracia Partidista?.

Eso que llamo “burocracia partidista”, no es más que el conjunto de personas físicas, que trabajan y cobran un salario de su patrón el partido político.   Muchos de estos burócratas, no son “simpatizantes”, “afiliados” o “militantes”, son simplemente empleados a los que se les paga, por la prestación de sus servicios físicos e intelectuales.

¿Cuántos burócratas tienen los partidos políticos?. ¡Muchos¡. Me sorprende que la Constitución refiera que el 3% de los recursos de un partido político sea destinado para actividades de capacitación y un 2% lo sea para políticas a favor de la mujer. ¿Qué ocurre con el resto?. ¿En que se destina ese dinero?. ¡Fácil¡. Ese dinero se gasta en pagar sueldos de esas estructuras burocráticas, sin olvidar desde luego, lo que se gasta en recursos materiales, adquisición o arrendamiento de muebles e inmuebles.

Hay partidos de una estructura burocrática inmensa como ese  el caso del Partido Revolucionario Institucional, el cual además de su organización administrativa regional (Nacional, Estatal y Municipal), cuenta también con sus organizaciones paralelas sectoriales, como lo son los “sectores: campesino, obrero y popular”. CNC, CTM, CNOP; sin olvidar desde luego, otro tipo de organizaciones partidistas, como el de la mujer CIM y el de los jóvenes priistas FJR.  

En el caso del Partido de la Revolución Democrática sucede algo parecido. Ellos cuentan a su vez, con grupos o “expresiones de opinión”, lo que vendría siendo en términos analógicos como “mini sectores del PRI”, o bien, lo que la prensa suele denominarles como “tribus”. Dichas organizaciones son diez, son “Alternativa Democrática Nacional”, “Democracia Social”, “Nueva Izquierda”, “Izquierda Renovadora en Movimiento”, “Foro Nuevo Sol”, “Red de Izquierda revolucionaria”, “Izquierda Democrática Nacional”, “Movimiento por la Democracia”, “Grupo Acción Política” e “Izquierda Unida”.   Sin embargo, tanto la prensa como las discusiones internas partidistas de sus miembros, suele agruparlos en dos bloques: “Los Chuchos” y los “Antichuchos”. Es decir, la pluralidad de corrientes de opinión que conforman ese partidos, terminan agrupándose en dos bandos, que pelean intensamente cada proceso de renovación partidista, sin poder ya disimular que parte de sus diferencias, se derivan precisamente del deseo de adquirir el botín del promedio de 700 millones de pesos anuales que recibe dicho partido de su financiamiento público.

No solamente eso. El partido no solamente tiene empleados contratados, con los cargos de dirigentes. Sino que también, cuenta con una “maquinaria” de acarreados, para poder transportarlos de regiones inhóspitas a las principales ciudades del país y con ello, llenar las plazas públicas en los mítines que realicen sus dirigentes y políticos.

Bastara que las personas se les pague con una despensa, con la promesa de un empleo o del crédito para una vivienda, o bien, con darles $500.00 (Quinientos Pesos 00/100 MN) o quizás hasta menos, para que una conciencia de lo que debe ser un ciudadano, se convierta en un simple objeto o cosa, con una playera, cachucha, trípticos y demás utensilios, esperando una paga por ejercer sus derechos.



¿Cómo se conforma un partido político?

Las asociaciones políticas son de dos tipos, los llamados partidos políticos y las agrupaciones políticas.

A su vez, dichas organizaciones pueden ser a nivel nacional o “local”, es decir, partidos y agrupaciones con presencia nacional o en su defecto, con presencia únicamente en alguna entidad federativa.

Formar un partido político realmente es una hazaña. Más si se trata de un partido político nacional.

La ley que regula dichas entidades, es la Ley General de Partidos Políticos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2014, dicho ordenamiento legal establece: dos condiciones mínimas.

La primera de ellas, es que el partido deba tener por lo menos el 0.26% de los afiliados conforme al número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Por ejemplo, en el padrón se encuentran inscritos 89 millones de electores, luego entonces el 0.26% de ciudadanos inscritos equivale a 231,400 afiliados.

La segunda condicionante, es que dicho partido, haya celebrado 20 asambleas estatales en la que hayan participado por lo menos 3,000 mil afiliados, o bien, que dichas asambleas sean por lo menos en 200 distritos electorales, con una asistencia en cada una de ellas de por lo menos 300 electores.  Dichas asambleas deben realizarse ante la presencia de un funcionario del Instituto Nacional Electoral.



¿Cómo debe integrarse un partido político nacional?

Todo partido político nacional debe tener dos autoridades. La Asamblea Nacional máximo órgano deliberativo del partido, cuya presencia es temporal, pero cuyas decisiones deben de cumplirse y el Comité Nacional, quien es la instancia burocrática y permanente del partido, quien ejecuta las decisiones de la asamblea y quien administra también, los recursos del partido.

A parte la Ley de Partidos Políticos establece también la existencia de cuatro órganos que debe tener todo partido y cuyas funciones consisten en lo siguiente:

·        Organizar elecciones de candidatos y dirigentes.
·        Administrar los recursos.
·        Impartición de justicia intrapartidaria.
·        Proporcionar información pública.



¿Qué derechos tienen los partidos políticos?.

Los partidos políticos nacionales tienen básicamente dos derechos. El primero de ellas es postular candidatos a cargos de elección popular, lo que trae como consecuencia, colocar a los miembros distinguidos de su partido, en los curules de la Cámara de Diputados, o en el Senado de la República, o bien, en los puestos altos de la administración pública. El segundo derecho, es recibir financiamiento público.  Es decir, la obtención de recursos públicos (hablamos de millones de pesos) que se obtienen del pago de las contribuciones de los ciudadanos o de las ventas del petróleo. 

Claro que existen otros derechos, como el participar en la organización del proceso electoral, regular su régimen interno, constituir coaliciones, frentes o fusiones con otros partidos (lo que no pueden hacer los partidos políticos de nueva creación); pero sin duda alguna, uno de los derechos más importantes que tienen, es que los partidos políticos nacionales pueden ser propietarios, poseedores o administradores de los bienes inmuebles que le sean indispensables para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines.  ¡Algo muy bueno¡. Pueden adquirir inmuebles, (casas, terrenos, edificios), lo que implicó que en años anteriores, muchos de los partidos que perdían su registro, no devolvían lo que habían adquirido con los recursos públicos. Fue así que varios dirigentes de partidos políticos “chicos”, se convirtieron de la noche a la mañana, luego de la desaparición de su partido, en dueños de oficinas y condominios, de los cuales, gracias a las rentas de ellos, pueden seguir viviendo al día de la fecha, de una manera digna y decorosa.

Recibir cuantiosas cantidades de dinero, así como tener la posibilidad de comprar o arrendar bienes inmuebles, ha sido sin duda alguna, una de las principales críticas que tienen los partidos políticos nacionales. Conviene analizar pues, el costo de una organización de ese tipo.



¿Cuánto cuesta un partido político?.

He notado, que las críticas a la formación de nuevos partidos políticos, se hacen consistir, en el costo de los mismos. Pues hay quienes sostienen que reconocer nuevos partidos políticos, implica mayor presupuesto.

¡Nada más falso¡. No hay aumento de presupuesto, simplemente, eso ya está presupuestado. Fuera uno, dos, tres o diez partidos.  La Constitución Política refiere en su artículo 41 fracción II, inciso b) que el financiamiento público para los partidos políticos será fijado anualmente, multiplicando “el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal”.

Así las cosas, tenemos que con fecha de corte del 31 de diciembre del 2013, se encontraban registrados 89 millones, 126 mil, 584 ciudadanos.

El salario mínimo vigente del año 2014, es de $67.29. (Sesenta y siete pesos 29/100 M.N.). El 65% de ese salario mínimo es $43.7385.

Luego entonces, el presupuesto que reciben los partidos políticos se obtiene de la multiplicación del número de electores inscritos en el padrón electoral, por el 0.65% del salario mínimo anual. Obteniéndose la siguiente cantidad.

N° de padrón electoral
Multiplicado
0.65% del salario mínimo diario vigente
Igual
Resultado
89 126 584 ciudadanos
X
$43.7385
=
3,810,786,094.28

La cantidad obtenida es $3,810,786,094.28 (Tres Mil Ochocientos Diez Millones, Setecientos Ochenta y Seis Mil, Noventa y Cuatro Pesos 28/100 M.N.).

 Esa es la cantidad se divide entre todos los partidos políticos existentes. El mismo se divide ya fuera tres, siete o diez partidos. Si hubiera más partidos, se dividiría pues entre todos los partidos. Para el año 2014, únicamente existían siete partidos políticos nacionales. 

Para mayor referencia de la cantidad estimada antes señalada, se toma en cuenta también el financiamiento de franquicias postales y telegráficas. Lo que dio un total de $4,044,119,334.00 (Cuatro Mil Cuarenta y Cuatro Millones, Ciento Diecinueve Mil, Trescientos Treinta y Cuatro Pesos.  Dicha cantidad es la que presupuesto el órgano electoral, mediante su acuerdo CG397/2013.

En tal tesitura, para el año 2014, mediante Acuerdo CG02/2014, el Consejo General, el todavía Instituto Federal Electoral, (actualmente Instituto Nacional Electoral),  resolvió otorgar las siguientes cantidades a los siguientes partidos:

PARTIDO POLITICO
PRESUPUESTO ASIGNADO
(Actividades ordinarias permanentes).
Educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política; tareas editoriales
Capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres
TOTAL
PAN
$890,480,833.06
$26,714,424.99
$17,809,616.66
$935,004,874.71
PRI
$1,060,206,426.37
$31,806,192.79
$21,204,128.53
$1,113,216,747.69
PRD
$678,842,459.89
$20,365,273.80
$13,576,849.20
$712,784,582.89
PT
$292,375,434.52
$8,771,263.04
$5,847,508.69
$306,994,206.25
PVEM
$335,179,346.49
$10,055,380.39
$ 6,703,586.93
$351,938,313.81
MC
$275,739,520.08
$8,272,185.60
$5,514,790.40
$289,526,496.08
NA
$277,962,073.87
$8,338,862.22
$5,559,241.48
$291,860,177.57
TOTAL
$3,810,786,094.28
$114,323,582.83
$76,215,721.89
$4,001,325,399.00

No se desprende de dichas asignaciones, alguna cantidad que tenga que pagársele a los partidos políticos de nueva creación.

Por ende, los nuevos partidos: MORENA, Encuentro Social y Frente Humanista, no tenían planeado al inicio del presente año, recibir recursos para este ejercicio anual 2014.  Sin embargo una vez obtenido su registro, tienen derecho a recibir financiamiento de esa bolsa de 4 mil millones de pesos; que de conformidad al gasto ejercido y lo que falta por ejercer, les tocaría aproximadamente 33 millones de pesos.  Ese dinero, de ninguna forma implica aumento a lo presupuestado, sino en todo caso, es la cantidad que se les restaría a los demás partidos políticos nacionales. De tal forma, que en términos financieros, no es la ciudadanía la que pierde con el registro de nuevos partidos, sino que son los partidos políticos tradicionales los primeros afectados.  Sino observen el caso del PRD, que además de perder recursos, pierda cuadros, militantes y votos, que se irán con MORENA.

Hubo muchas notas periodísticas que refirieron que los partidos de nueva creación, recibirán 337 millones de pesos, uno de ellos fue el periódico “La Razón”, cantidad que desconozco de donde lo obtuvo, pues al día de la fecha, aun no se tiene el corte definitivo de personas inscritas en el padrón electoral, ni tampoco se ha fijado, el salario mínimo vigente para el año 2015. La nota pareció más a una línea editorial en contra de un excandidato presidencial, que un ejercicio de proporcionar información veraz; la nota se realizó sin fundamento, pareciera que fue más con el ánimo de desacreditar un nuevo organismo político electoral.

Ahora bien, en lo que refiere a los recursos que recibirán los nuevos partidos, estimo en lo personal, que el próximo año, por tratarse de un año electoral, los partidos de nueva creación recibirán 165 millones de pesos.  Pero nada que ver, con la primera cantidad antes señalada, sino al tiempo veremos mi pronóstico.

Los partidos políticos deben gastar ese dinero para su fin exclusivo, esto es, promover valores cívicos y una cultura democrática entre los niños, niñas y adolescentes; buscar la participación efectiva e igualitaria entre hombres y mujeres para los cargos de elección popular, así como también, prepararse para la obtención del poder público, a través del sufragio universal, libre, secreto, directo, intransferible y razonado.




 Financiamiento de los partidos políticos

El régimen financiero de los partidos políticos en el derecho electoral mexicano, es predominantemente público, en una proporción por regla general de 90 a 10%.  Con ello, se establecen controles fiscalizadores a través de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para evitar que el financiamiento privado, exceda a los topes y límites de los recursos públicos.

Se decía también que le financiamiento público evita la intromisión del crimen organizado en la política; o bien, que existan candidatos, que con su poderío económico, pueda “comprar” los cargos de elección popular.

Uno de los grandes aciertos de la reforma electoral del año 2014, fue precisamente establecer como causal de nulidad de una elección presidencial, el rebasar los “topes de campaña”. Causal de nulidad que no existía en el 2006 y 2012 y que sirvió de bandera política al candidato Andrés Manuel López Obrador para impugnar ambas elecciones presidenciales.   

Por otra parte, la Unidad Técnica de Fiscalización se convierte en una entidad con la capacidad para exigirle cuentas a los partidos políticos, de cómo van ejerciendo los recursos públicos que se les otorga para su fin público.

La buena noticia de todo esto, es que los partidos se les obliga a mantener sus estados contables y a proporcionar información ya sea de manera trimestral, o bien, cuando la citada unidad se lo requiera en cualquier momento, en un término de 72 horas. ¡No solamente eso¡. No existe secreto bancario y por otra parte, dichos partidos deberán publicarse los contratos y la ejecución de estos, durante sus precampañas y campañas.  De esta manera, los ciudadanos podremos saber, si el partido, el candidato o quien carajos contrata a microbuses o líneas camioneras para el traslado de acarreados, o cuánto cuesta y quien paga, el alquiler e instalación de pantallas gigantescas en mítines políticos, o bien, conocer si los partidos mantienen relaciones contractuales con bancos o tiendas departamentales.

¡Es cierto¡. No dudo que exista escepticismo sobre el financiamiento de los partidos políticos y las marrullerías de muchos de sus artífices financieros para evadir y exceder los topes; en eso consiste la importancia de un régimen democrático y de derecho, la representatividad de las fuerzas políticas, tribunales imparciales para imponer la ley, le pese a quien le pese, y obvio, la observación de los ciudadanos, para evitar el uso y despilfarro de recursos económicos para la compra de votos y conciencias.

¡Los partidos políticos se obligan a ser transparentes¡. Otro gran acierto de la reforma política del 2013, consiste precisamente en obligar a los partidos, hacer público las remuneraciones que reciben los empleados de los partidos políticos, no solamente de sus dirigentes, como existía antes de la reforma, sino de cualquier otra persona. Esto incluye, los “ingenieros electorales”, dedicados a buscar representantes de partido, en el ámbito distrital, general y de casilla. Incluyendo también desde luego, a los llamados “promotores del voto”, “brigadas” o “Ray’s”, como suele denominarles, personas que trabajan de “activistas” en las campañas electorales.
Esto significa buenas noticias para las personas que trabajan en los partidos políticos, ya no habrá excusa en los juicios laborales para negar la relación laboral y decir que los demandantes son “militantes”, bastará ahora consultar la nómina en el internet, para acreditar que una persona, es trabajador de un partido y con ello, pueda gozar de los derechos de indemnización que establece la Ley Federal del Trabajo.

También se les obliga hacer público los contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios. Esto significa, que si un partido, contrata alguna flota de camiones o microbuses, para “acarrear” a sus manifestantes, dicho contrato se debe de publicar. Con esto, sabremos si alguna autoridad municipal o estatal obliga a los transportistas concesionarios a ceder sus camiones para trasladar a “militantes”, o bien, sabremos cuánto cuesta alquilar un camión de la provincia más lejana de la República Mexicana a la capital del país.   

La transparencia financiera, quiere decir, que si un partido manda hacer con empresas de impresión, playeras, camisas, gorras, mantas, dicho contrato debe de publicarse.  Bastara consultar las cantidades de utensilios pactadas en el contrato, para masomenos estimar, cuántos de estos accesorios pudieran estar repartidos entre los ciudadanos.  Es decir, de un universo de 89 millones de electores, cuántos de ellos recibieron playera, gorrita, bolsa de mandado.

Esta transparencia financiera, también quiere decir, que si un partido celebra tarjetas de descuentos con tiendas departamentales, como Wal Mart o SORIANA, o bien, reparte tarjetas de nómina con instituciones crediticias, como MONEX, para el beneficio de sus simpatizantes, dichos contratos deben de publicarse.  

Mayor transparencia, mayores controles fiscalizadores, mayores ciudadanos “chismosos” que quieran auditar a los partidos políticos, se podrá en el futuro, reducir esos márgenes de discrecionalidad, derroche, despilfarro y compra de votos, de la que tanto nos acostumbró el PRI por décadas y también de sus partidos aprendices, como el PRD, que no canta mal las rancheras.





Postulación de candidatos. Un derecho de los ciudadanos y una obligación de los partidos
Ser candidato a regidor, a presidente municipal, a diputado local o federal, senador, gobernador, jefe de gobierno o inclusive, a ser Presidente de la República; no debe ser visto como un “sueño” o un “arreglo político” de la oligarquía partidista. Una candidatura a cualquier puesto de elección popular es un derecho y competir por un cargo público, debe ser una obligación ética para fomentar la cultura cívica de los ciudadanos y con ello, el de construir una sana democracia.

La importancia de que esta reforma electoral haya contemplado la figura de los candidatos independientes y haya roto el monopolio de los partidos políticos, de postulación de candidatos, es un gran avance que debemos de aplaudir.  La competencia política obligara también a que los partidos, cumplan con su cometido de promover la cultura cívica de los ciudadanos; deberán pues cada una de estas organizaciones, formar y buscar cuadros políticos para competir ahora si y no andar buscando coaliciones con partidos “grandes” o personajes de “alto rating” en las televisoras, para garantizar su sobrevivencia. 

En verdad, la persona que busque ser candidato a diputado, senador o Presidente, deberá constituir una asociación civil para tal fin y registrarla en el órgano electoral, a fin de iniciar este su colecta de firmas, que sería del 2% o 1% dependiendo del puesto. De tal forma, que mientras los ciudadanos afiliados a los partidos sean precandidatos y busquen la candidatura de su partido, tendremos también por otra parte, a ciudadanos que compilen firmas, para poder obtener la candidaturas. ¡Buenas noticias¡. A ver si ahora, los partidos políticos se ponen a trabajar y busquen a ciudadanos a quien postular, no vaya ser que en una de esas, los candidatos independientes obtengan más votos, que cualquier partido político.  ¡Sería vergonzoso que eso ocurriera¡.

Diez partidos políticos competirán por renovar los 500 curules de diputados. Pero no solamente eso, se cuenta también con  diecisiete elecciones estatales y dieciséis más municipales.

Los cargos a elegir son los siguientes:

CARGOS A ELEGIR

Gobernador
Diputado MR
Diputado RP
Presidente Municipal y/o Delegado
Baja California Sur
1
16
5
5
Campeche
1
21
14
11
Colima
1
16
9
10
Chiapas
0
25
16
122
Distrito Federal
0
40
26
16
Guanajuato
0
22
14
46
Guerrero
0
28
18
81
Jalisco
0
20
19
125
México
0
45
30
125
Michoacán
1
24
16
113
Morelos
0
18
12
33
Nuevo León
1
26
16
51
Querétaro
1
15
10
18
San Luis Potosí
1
15
10
58
Sonora
1
21
12
72
Tabasco
0
21
14
17
Yucatán
0
15
10
0

8
388
251
903

En total se elegirán 8 gobernadores, 500 diputados federales, 639 diputados locales y 973 presidentes municipales.   En total 2,050 cargos de elección popular.

Sin embargo, ante el reto de la elección, los partidos políticos deberán proponer en el caso de las diputaciones, candidatos propietarios y suplentes, lo que suma a 3,189 cargos de elección popular. Eso sin tomar en cuenta, el número de candidatos a regidores que conforman las planillas por cada ayuntamiento, lo que seguramente potencializará el número de candidaturas a por lo menos, 40, 000 candidaturas entre propietarios  y suplentes. De los cuales,  de acuerdo a las políticas y normas que promueven la igualdad de sexos,  la mitad de dichos candidatos deben ser hombres y por lógica, la otra mitad, mujeres.

Igualdad de género. De los 300 distritos electorales, los partidos deberán postular 150 candidatos hombres y 150 candidatos mujeres; de los 200 candidatos plurinominales, 100 y 100. Así de fácil y así de complicado, para una sociedad en la que todavía predomina la cultura misógina y machista. El reto de los partidos, no solamente será buscar candidatos, sino que los mismos, correspondan la mitad a hombres y la otra mitad a mujeres.

Cabe señalar que hasta antes de la reforma electoral del 2014, los partidos tenían maneras muy extrañas de postular candidatos. Así lo hice notar en mi blog, http://esquivel-zubiri.blogspot.mx/2012/04/partidocracia-en-la-delegacion.html Misteriosas encuestas proclamaban candidatos ganadores, precandidatos únicos donde no había convocatorias, convenciones de delegados, en fechas y lugares desconocidos; los requisitos para que un ciudadano pudiera aspirar a un cargo de elección popular, era estar afiliado a un partido político, lo que resultaba notoriamente inconstitucionalmente, además de haber sido una violación a un derecho humano.

El viejo sistema jurídico, no solamente condicionaba las candidaturas a la afiliación, sino que también, para sus mismos afiliados, obtener una candidatura era una cuestión dificultosa.

Por ejemplo, partidos como el PRI o el PVEM, emitían convocatorias, dirigidas a sus militantes o a la “sociedad civil” que quería participar como “candidato externo”, estableciendo como condición para ser precandidato, contar con el aval de firmas de funcionarios partidistas, de los cuales, por cierto, nadie absolutamente nadie conocía, dada la opacidad y poca transparencia de dichos partidos. Establecían requisitos absurdos como un “25% de firmas de delegados de la convención”,  “10% de afiliados del padrón partidista”, “postulación de algún sector o de alguna organización adherente”; en el caso del PRD la situación era todavía peor, el método era una encuesta, que partiendo del poder de los medios de comunicación, se elegía a los precandidatos y por consiguientemente, quien era el candidato. El método encuestacrático, también aplico en municipios e inclusive en diputaciones, lo que resulto el peor caso de discrecionalidad dedocrática, pues nadie sabía ni quien ni cuando, se llevaría a cabo dichas encuestas.  

La reforma política del 2014, esa que por cierto fue consensuada por todos los partidos políticos, en el llamado “Pacto por México”, dejo claro las nuevas reglas para que cualquier ciudadano pueda aspirar a ser candidato a un cargo de elección popular, ya sea por la vía tradicional del partido político, o bien, por la vía “independiente”.

La Ley General de Procesos Electorales en su artículo 226.2 establece que con una anticipación de 30 días a que inicie la precampañas, los partidos políticos deberán dar a conocer, el procedimiento para la selección de sus candidatos. Dicho procedimiento señalará la fecha de inicio del proceso interno, el método utilizado (elección interna o asamblea), órgano responsable de la conducción y vigilancia del proceso interno.

La vigilancia de los ciudadanos a dichas convocatorias deberá de ser de vital importancia, pues podrá ahora uno recurrirlos, a través del denominado “Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano”, algo así como el “amparo electoral”, el cual deberá interponerse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el  Artículo 80, numeral 1, incisos f) y g),  que permite a cualquier ciudadano, afiliados o no a un partido, recurrir los actos y resoluciones de los partidos políticos.

De esa forma, imaginemos en el futuro, un ciudadano común y corriente, recurriendo el proceso interno electoral de elección de candidato que haya acordado la cúpula de un partido político.   Sería bueno y divertido hacerlo. ¡Pues ninguna oligarquía partidocrática debe elegir a los “cuates” o “incondicionales” del “dueño” del partido¡. Los partidos políticos, sean “chicos” o “grande”, son propiedad de los ciudadanos, no de la clase política que se siente dueña de estos.

Para eso está la ley y para eso hay un tribunal especializado en justicia electoral. ¡Pues bastante bien están pagados los magistrados del Tribunal Electoral, para que éstos no diriman las controversias electorales¡  

La función de un tribunal electoral que se presuma imparcial, es precisamente ejercer sus funciones judiciales, en forma autónoma e independiente, de los caprichos autoritarios que pudieran tener los dirigentes partidistas, para que estos impongan su voluntad, en contra de la normatividad e institucionalidad de un partido.



El futuro electoral que viene, el proceso electoral del 2015.

Si son diez partidos políticos y serán varios los candidatos independientes, que deberán demostrar a la clase política y a los monopolios empresariales, la existencia de una ciudadanía crítica, consciente, informada, con muchas ganas de transformar el país; de ser propositivos y de encontrar las soluciones de su patria y de su comunidad, más allá de lo que pueda ser una opinión en una red social.

Espero que los nuevos partidos sean abiertos a la sociedad y se dediquen hacer, lo que el PRI, el PAN y también el PRD, no pudieron hacer.  El reto de cada uno de estos partidos, será trabajar, para poder obtener, por lo menos el 3% de los sufragios necesarios.  De lo contrario, perderán su registro y dejaran a la mayoría de los ciudadanos, limitados a las opciones políticas tradicionales.  

Espero en verdad, por mi alma cívica y republicana, que los nuevos partidos, tengan un mejor comportamiento ético, de lo que fueron alguna vez otros partidos que lucraron con la democracia electoral mexicana y que dejaron a la sociedad, su desconfianza y apatía, por el sistema electoral partidocrático.

Yo por mi parte, espero que ningún dirigente partidista pretenda censurarme por pedir información y darle seguimiento a sus actividades políticas, más a las financieras; pues el dinero que recibirán estos, es dinero mío también.

Espero por mi parte, incorporarme a la vida política, en forma prepositiva y crítica, con una visión fraternal de lo que debe ser la política.

¡Nada de odios, nada de tranzas, nada de mentiras¡

Son vientos de cambio y los nuevos liderazgos, deben de surgir.