domingo, 30 de octubre de 2011

RECOLECTANDO FIRMAS PARA EL CODIGO AMBIENTAL



RECOLECTANDO FIRMAS PARA EL CÓDIGO AMBIENTAL
 Claro que se necesita fuerza de voluntad, porque eso de estar en la noche, sentado en una mesa, viendo a la gente pasar y promoviendo el apoyo con el nombre, la firma y la clave de la credencial de elector, claro que resulta desgastante, por momentos es motivo para el desanimo de cualquier persona cuerda, o que presume estarlo; en ciertos instantes, preguntome si lo que estoy haciendo tiene sentido, si en verdad estoy en mis cabales, o si estoy a punto de enloquecer y perder por siempre el suelo y la realidad.

No todas las personas tienen la credencial de elector, en otras impera la desconfianza, pero así son las cosas, ese es el requisito legal que hay que cumplir, la iniciativa popular no debería ser de un Código Ambiental, debería haber muchas iniciativas populares, de varios temas, unos que promuevan la desaparición de los partidos políticos, el uso indebido de los recursos públicos, la propaganda política y gubernamental, la reducción de los curules y de los salarios de algunos diputados y funcionarios, inclusive escuche algún signante pedir que se legalizara la mariguana; así es esto, la iniciativa popular es una instancia de participación ciudadana, que nos debería hacer recordar a todos los que habitamos en esta ciudad, nuestros derechos colectivos, nuestra ciudadania, el status cívico y legal que tenemos los ciudadanos, no solamente para votar en elecciones, sino para proponer y protestar, por las cosas y los actos que ocurren en una República.

Quizás sea algo ingenuo, es más, una persona muy cercana a mi, de manera fría y despectiva me dijo "¿que ganaba con esto?", "¿Si me pagaban?"; entonces me quedo callado y pienso que efectivamente, podía tener razón; esta iniciativa me ha costado mucho, no solamente recursos económicos, de origen privado, sino también, poner en riesgo mi credibilidad de maestro, podría poner en riesgo quizás mi persona, mi imagen pública, inclusive mi salud, no solamente corporal, sino también emocional.  No es para más, el frío invernal podría generarme una pulmonía y el desaliento, una depresión.

¡Claro que es para desanimarse¡ .... a veces no se tiene el apoyo que se quisiera tener, pero así es esto, ejercer los derechos sociales y políticos de la cultura y la ciudadanía, exige mucho trabajo, cuesta mucho; en dos días, se me paralizaron los brazos, los dedos con los que escribo estas lineas,  gaste aproximadamente entre dos mil pesos; he recibido apoyo, claro que si, pero no el necesario, es más la corriente de incredulidad y de desaliento, que por momentos pareciera convencerme; entonces pienso que no tendría necesidad de gastar dinero y tiempo en promover algo, que más que un Código Ambiental, que establezca derechos ambientales para los que habitamos en esta ciudad, es hacer valer los derechos de la ciudadanía, educar al pueblo en vivir en democracia, en enseñar a mis alumnos, no el concepto, sino la vivencia de la democracia, la participación ciudadania, la cultura, el trabajo en equipo, la solidaridad, el trabajo, el idealismo y espíritu innovador y propositivo que requiere en estos momentos el país.

Ojala no haya esta iniciativa popular, sino que hubiera más, una y otra; y no fuera yo el único loco que lo propusiera, sino que fuera, otro y otro, y otro, y fueran cada vez más.

Ojala entendamos todos, que la ciudadania no es ser un autómata condenado a criticar por el deporte de ser criticón y no critico; la ciudadanía no es algo que pueda comprarse con una cubeta para la leche, una despensa o inclusive un rostro bonito; ojala entendiéramos que la ciudadania es hacer personas realmente pensantes y no manipulados, es unirse para resolver problemas, para proponer soluciones, para exigir transparencia y rendición de cuentas. Para cambiar lo que nos disgusta y nos impide mejorar.

Cuesta mucho trabajo, pero así es esto; alguien tiene que hacerlo ... alguien tiene que decirlo .... La política y los derechos colectivos, los derechos sociales, al medio ambiente, a la salud, al empleo, a la vivienda; los nuevos derechos humanos de tercera generación, no son derechos que existen en la doctrina de las mentes jurídicas más ilustres del país, ni en el discurso de los candidatos; deben ser derechos reales, efectivos y garantizados; deben ser derechos que pasen del romanticismo idealista utópico, a la realidad, cuantificable, comprobable.

¡Que un mundo posible es mejor¡. ...¡Claro que si¡....Lo que no es posible, es la mediocridad y el derrotismo, la resignación y la aceptación como "verdadero", de algo que no es correcto.

Hay vamos.... nuestra primera iniciativa popular lleva cerca de cuatro mil firmas y requiere de veintiséis mil más para presentarla a la Asamblea Legislativa. Pero no será la primera, ni la última. Vendrán más ... la esfera pública seguirá creciendo y otros hombres y mujeres, seguirán trabajando, para cambiar en serio, a este mundo.

¡Si es posible¡ ....y lo estamos haciendo.




viernes, 21 de octubre de 2011

¡AGUAS CON LA SUPREMA CORTE¡



¡AGUAS CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION¡. El primer litigio ecológico constitucional mexicano.

¡No¡…no me refiero a la décima época del Poder Judicial de la Federación, ni tampoco de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos y juicio de amparo. Tampoco hablare del aborto y de la discusión que hubo del tema en el pleno de la Corte. ¡Nada de eso¡; hoy tan sólo expondré uno de los tantos expedientes judiciales ecológicos en el que nuestro máximo tribunal, tuvo la oportunidad histórica de abordar un tema ecologista de gran importancia, inclusive hacer un pronunciamiento del mismo. Me refiero al agua. Hoy hablaremos entonces, de derecho al agua; y de cómo la Suprema Corte mexicana, omitió reconocer este derecho.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11 párrafo primero establece el derecho de toda persona, a “tener un nivel de vida adecuado”, inclusive habla del derecho  a un ambiente sano, a la salud, la nutrición, a la alimentación y a una vivienda adecuada”.  El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Organización de las Naciones Unidas, en su observación general numero 15 precisa este contenido normativo de “nivel de vida adecuado” , como el derecho de toda persona de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible para el uso personal y domestico.

El derecho al agua debe ser adecuada a la dignidad, a la vida y a la salud humana. Esto implica un derecho de disponibilidad, que de acuerdo a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el acceso básico de agua potable que debería tener una persona por día, sería un mínimo de veinte litros por día, cincuenta de intermedio y un óptimo de cien litros diarios. Es decir, si sacáramos un promedio entre lo mínimo y lo óptimo, tendríamos que decir que es un derecho de toda persona, por el simple hecho de ser persona, a percibir un promedio de sesenta litros de agua al día.


El proyecto Código Ambiental que lleva a cabo la recolección de firmas para la presentación de la Iniciativa Popular del Código Ambiental del Valle de México se dio a la tarea de solicitar información pública a la Comisión de Aguas del Distrito Federal, respecto a cuanto era el promedio de agua al que tenía derecho cada habitante en el Distrito Federal, la respuesta del citado organismo público a dicha interrogante, fue de doscientos litros por persona. Por ende, podríamos presumir que en esta Ciudad, el derecho al agua, es un bien efectivo y garantizado que cumple con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra obligación será informarnos si ese dato es real y verdadero, así como también, que acciones debemos hacer para preservarlo sustentablemente.

No basta tener disponibilidad al agua, sino también, ésta debe ser de calidad, es decir salubre y por lo tanto pura, esto implica que no debe contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que constituyan un riesgo para la salud humana. El agua por lo tanto que se destine para el consumo alguno, debe por lo menos como requisitos de calidad, tener un color, un olor y un sabor aceptable.

El derecho al agua, por lo tanto implica disponibilidad y calidad, pero también acceso a ella, sin discriminación alguna en razón de género, clase social u otra. Acceso al agua significa, que ésta debe de estar al alcance físico de todas las personas, en sus hogares, oficinas, escuelas, fabrica o cualquier otro sitio. Esto obliga obviamente al Estado, a realizar las obras e instalaciones que se requieran, para poder cumplir con este cometido.

El ejercicio del derecho al agua implica también un costo. ¡No es gratis¡. Quizás esta sea la parte más incomoda de los derechos ambientales, pero la extracción del agua implica efectuar una serie de obras que repercuten en forma directa a los contribuyentes. Si el servicio lo proporciona el Estado deberá pagarse contribuciones por este derecho y si algún día lo proporcionara alguna empresa privada, entonces se tendrían que pagar el servicio, tal como hoy lo hacemos con el teléfono, el celular, la televisión de cable, el internet.

El Estado debe respetar el derecho al agua, es decir debe de abstenerse de obstaculizar o limitar el ejercicio de este derecho, no debe de interrumpir o desconectar arbitraria o injustificadamente los servicios o instalaciones de este recurso vital; tampoco debe aumentar el costo desproporcionado del mismo, pues debe garantizar su acceso universal, menos aun debe de contaminarla, pues debe garantizar su calidad. El Estado debe proteger este derecho, impidiendo que terceras personas menoscaben el disfrute del derecho al agua, para sus semejantes, es decir, debe impedir y sancionar que particulares, empresas o inclusive hasta los propios organismos públicos, contaminen o exploten en forma no equitativa este recurso, que ponga el riesgo la disponibilidad, calidad y acceso de este derecho ambiental fundamental.

Hoy por lo tanto, expondremos un caso relevante, para la historia del derecho ambiental mexicano, respecto al derecho al agua, nos referimos a la controversia constitucional 06/2004, misma que paso por inadvertida para el primer juicio ecológico constitucional del derecho positivo mexicano, donde el Gobierno del Estado de México, la Federación y el Gobierno del Distrito Federal se dieron a la tarea de discutir este derecho, mismo que hasta al día de la fecha, seguirá siendo una agenda pendiente por resolver.

La historia comienza así.

LOS HECHOS QUE GENERARON EL LITIGIO.

Es una historia larga, pero trataremos de resumirla.

En el año de 1954 mediante decreto expedido por el Ejecutivo Federal, se estableció veda por tiempo indefinido la zona conocida como Cuenca o Valle de México, para el alumbramiento de aguas del subsuelo en el Distrito Federal. Lo que significo que a partir de ese año, las aguas que alimentan al Distrito Federal, provienen del territorio del Estado de México. 

Posteriormente en el año de 1965 se emitió otro decreto, en donde se permitió la explotación de los mantos acuíferos del subsuelo de la zona conocida como Valle de Toluca, que forma parte de la Cuenca alta del Río Lerma, también ubicada dentro de los territorios del Estado de México.

Posteriormente el 16 de diciembre de 1966 se publico en el Diario Oficial de la Federación el convenio celebrado entre el Jefe del Departamento del Distrito Federal y el Secretario de Recursos Hidráulicos y de Agricultura y Ganadería, con el Gobernador del Estado de México, con el fin de efectuar el aprovechamiento de aguas de los mantos acuíferos subterráneos de la cuenca del Río Lerma en el Estado de México, para abastecer de agua potable por un volumen mínimo de 5 o 6 metros cúbicos por segundo, al Distrito Federal.  A estos convenios, siguieron otros el 12 de diciembre de 1968, 10 de septiembre de 1969 y 30 de septiembre de 1970.

En síntesis, tanto el Convenio de 1966, 1968, 1969 y 1970; como los decretos de 1954 y 1965, establecieron una especie de servidumbre a favor del entonces Departamento del Distrito Federal en gravamen del Gobierno del Estado de México, para proporcionar agua, al Distrito Federal. Luego entonces, diríamos que el Distrito Federal – en ese entonces una entidad del gobierno federal - adquirió un derecho real sobre los mantos acuíferos del Estado de México.

Los derechos reales constituidos a favor de los habitantes del Distrito Federal, no previeron el aumento desproporcionado de su población y la sobreexplotación de este recurso; se hizo también en grados irracionales, sin haberse llevado a cabo, estudios técnicos o haber implementado formas de medición para evaluar la cantidad de litros de agua explotados.  Por lo que el gobierno del Estado de México concluyo que seis mantos acuíferos. Valle de Toluca, Ixtlahuaca-Atlacomulco, Polotitlan, Chalco-Amecameca, Texcoco, Cuauhtitlan-Pachuca, fueron explotados en 163 millones de metros cúbicos y su disponibilidad en metros cúbicos de agua, quedó en 0 (cero).

El día 4 de marzo de 1996 la Comisión Nacional del Agua otorgo a favor del Departamento del Distrito Federal el Titulo de concesión numero 5SDFE100309/26HMSG96 para explotar y usar 309 millones de metros cúbicos anuales de aguas nacionales superficiales y 780 mil de aguas del subsuelo a través del sistema Cutzamala, aguas superficiales del Valle de Bravo, Villa Victoria y Chisledo, ubicadas todas en el Estado de México, siendo beneficiado de dicha explotación el Departamento del Distrito Federal.

En razón a ello, el Gobierno del Estado de México acusó al Gobierno del Distrito Federal (creado a partir de 1997), de haber perforado más de 270 pozos y otros mas, construido en forma clandestina, para explotar mas allá de lo permitido por su título de concesión, aunado de haber desaparecido con dicha explotación irracional, a manantiales, arroyos, estimando el daño ocasionado en trece mil novecientos millones de pesos.

SISTEMA CUTZAMALA ADMINISTRADO POR EL GDF


Atento a lo anterior el Gobierno del Estado de México solícito a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la modificación de dicho convenio, así como del título de concesión con el fin de regular en forma racional la explotación del vital recurso; solicitando que la administración del sistema de administración de aguas subterráneas de Alto Lerma y Chiconautla, operados por el Gobierno del Distrito Federal, fuera reasumida por el Gobierno Federal; así también diera por terminado los convenios de 1966 y adiciones, así como el título de concesión 5SDFE100309/26HMSG96; solicitando un nuevo convenio en el que se garantizara la disponibilidad futura del agua tanto para los habitantes del Distrito Federal, como del Estado de México. Solicitud  a la que el Secretario del Medio Ambiente respondió que dicho asunto lo trataría en la Comisión de Agua y Drenaje del Área Metropolitana, en los que participarían funcionarios tanto del Gobierno del Estado de México, como del Gobierno del Distrito Federal.

Luego entonces el Gobierno del Estado de México, ante la falta de fundamentación y motivación de la respuesta vertida por la citada instancia federal, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional, en contra del oficio emitido por la Secretaria del medio Ambiente y Recursos naturales y como tercero perjudicado el Gobierno del Distrito Federal (antes Departamento del Distrito Federal).

El Gobierno del Estado de México considero en sus agravios, que la Comisión de Agua y Drenaje del Área Metropolitana era una instancia incompetente para poder determinar la problemática expuesta; así también en sus agravios señaló que el convenio celebrado en 1966, fue realizado con la entonces Secretaria de Recursos Hidráulicos y de Agricultura y Ganadería, y que esta era ahora sustituida, por la Secretaría del Medio Ambiente de Recursos Naturales, quien tenía las facultades para modificar dicho convenio, sin necesidad de remitirla a otras áreas incompetentes. Así también refirió la explotación de 274 pozos en forma ilegal, sin que en dichos pozos se midiera o registrara las fechas de inicio de operación; otros 250 pozos que  también fueron explotados clandestinamente sin “permiso ni registro ni fecha de inicio de operación”, abatiendo los mantos acuíferos del Estado de México por más de cincuenta años, provocando una sobreexplotación y una merma al agotamiento, privando de dicho elemento a los sectores agropecuario e industrial, provocando al suelo daños ambientales como hundimientos, grietas, inclusive la suspensión de obras publicas como la presa Valle Ixtlahuaca-Atlacomulco, modificando los ecosistemas del Estado de México, estableciendo con la reserva de determinarlos mediante pruebas periciales, un daño cuantificable en la cantidad de $13,900,000,000.00 (TRECE MIL NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

El Gobierno del Estado de México hizo valer la exigibilidad de los artículos 4 y 27 constitucional en lo referente al derecho a un medio ambiente digno, así como también, la necesidad de regular en aprovechamiento del beneficio social, los elementos susceptibles de apropiación; por otra parte argumentó que el convenio de 1966 fue celebrado por el entonces Departamento del Distrito Federal y no, por el actual Gobierno del Distrito Federal. Luego entonces, la administración del sistema de aguas que opera en el territorio del Estado de México, debería ser administrado por la federación, no por el Gobierno de la Ciudad de México.



El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin duda alguna tuvo una valiosa oportunidad, para sentar jurisprudencia en materia ecológica, así como interpretar los alcances del artículo cuarto constitucional, respecto a la entonces garantía individual a un medio ambiente digno; sin embargo, el pleno del Tribunal, se limito únicamente a estudiar la validez o no, del oficio emitido por la Secretaria del Medio Ambiente, es decir, no valoró, ni entro al fondo del estudio, respecto al daño ambiental que refirió el Gobierno del Estado de México, ni tampoco los alcances del artículo cuarto constitucional, sino que únicamente entro al estudio de la validez de un simple documento, concretamente si el oficio emitido por la citada Secretaría, se encontraba expedido por una autoridad competente y si éste, se encontraba debidamente fundado y motivado. Los derechos ambientales vulnerados o el daño ambiental reclamado por el Gobierno del Estado de México, ni siquiera fue valorado por el más alto órgano jurisdiccional de la república mexicana, pues éste, ni siquiera fue tema del oficio impugnado.

En conclusión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni siquiera quiso estudiar un caso de derecho ecológico, delegando la resolución del conflicto reclamado por el Estado de México, a lo que determinara una instancia administrativa, como la Comisión de Agua y Drenaje Metropolitano. ¡Triste solución¡. El problema persiste y seguirá persistiendo para los próximos años.

UN CASO PARECIDO, RESUELTO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL


 Un caso parecido ocurrió en España. ¡Claro estamos hablando de un sistema jurídico totalmente diferente al mexicano y también de un controversia totalmente distinta al antes expuesta, sin embargo, en este caso análogo, el Tribunal Constitucional Español tuvo que resolver una controversia suscitada entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón, contra la reforma que hiciera la Comunidad de Valencia a su Estatuto de Autonomía. (Recurso de Inconstitucionalidad 7288-2006).

Resulta que la Comunidad de Valencia declaró en su Estatuto de Autonomía, (algo así como su Constitución Estatal), un “derecho al agua”, así como también, derechos de disposición y redistribución a la cuenca del rio Ebro; pero la Comunidad de Aragón alegó que ese derecho le correspondía al Estado Español (algo así como el Gobierno Federal), argumentando que el Estatuto de Valencia infringía diversos preceptos de la Constitución Política Española. Igualmente argumentó, que la Comunidad Valenciana no podía declarar un “derecho al agua”, ni tampoco un “derecho de transferencia de caudales desde las cuencas excedentarias que incluía el rio Ebro”, pues de permitirlo, se romperían los principios de solidaridad interterritorial, se provocarían desequilibrios territoriales, aunado a desalentar el desarrollo armónico y equilibrado. Aunado también a que la reforma al Estatuto de Valencia, afectaba también a la Comunidad Autónoma de Aragón, al pretenderle aplicarle normas extraterritoriales, en materia de ordenación de territorio, agricultura y planificación.

El Tribunal Constitucional Español determino, Desestimar el recurso de inconstitucionalidad, dejando vigente la norma jurídica del Estatuto de Valencia, misma que establece el derecho a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad, el derecho de redistribución de sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a los criterios de sostenibilidad. Así como el derecho de los valencianos de gozar de una cantidad de agua de calidad, suficiente y segura, para poder desarrollar sus actividades económicas y sociales.

PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL


Comparando erróneamente el fallo del Tribunal Español con el que dio el Tribunal mexicano, podríamos pensar, quizás falazmente, que nuestro Tribunal rehuyó a establecer un derecho al agua para los habitantes del Estado de México y del Distrito federal; rehuyó también, a establecer que competía la federación administrar dicho recurso, rehuyó a sentar jurisprudencia ecológica; y en su lugar, ni siquiera favoreció o entro al estudio de los argumentos expuestos por el Gobierno del Estado de México, sino que lamentablemente, redujo todo el conflicto ambiental, a un simple oficio.

¡Si¡ ….¡a un simple oficio¡. De esos documentos públicos que todos los días salen firmados por funcionarios públicos.

Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se pronunció por los derechos a la explotación del agua, por el daño ambiental ocasionado, inclusive hasta por el importe de una indemnización; nada de eso, toda su discusión y sapiencia de sus honorables ministros, se limito unica y exclusivamente, a valorar …

¡Un simple oficio ….¡

Eso fue, el primer caso de derecho ecológico constitucional mexicano….

Valorar un simple oficio ….

Pero vendrán otros tiempos, vienen otra época en la historia del Poder Judicial de la Federación, la historia, nunca termina por escribirse. Tarde o temprano, la Suprema Corte de Justicia de la nación, volverá a conocer de esta controversia y de otras más que se avecinan.

Establecerá, lo que tácitamente el Tribunal Constitucional Español le reconoció a los valencianos, Su derecho al agua suficiente y de calidad.

Quizás algún día, ocurra algo parecido con los defeños y mexiquenses. Declarar su derecho al agua, la disponibilidad, calidad y acceso de la misma.

Eso hará, por que no creo que en el futuro, las próximas controversias ecológicas, puedan resolverse, delimitándose a la validez…  de un simple oficio.

¡Los tiempos cambian¡ ….¡Los ministros también¡



domingo, 16 de octubre de 2011

¿QUE ES EL PROYECTO CÓDIGO AMBIENTAL?


EL VALLE DE MEXICO EN EL SIGLO XVI


Permitome hacer algunas aclaraciones respecto al proyecto del Código Ambiental.
Código Ambiental es un ejercicio académico, pero también político.  No deja de ser tampoco un proyecto pedagógico, mediante el cual, el profesor y los alumnos que participan en él, juegan a ser legisladores, y también, artífices y participantes de instancias jurídicas que pretenden fomentar la democracia y la participación ciudadana.
Una Iniciativa Popular es una figura reciente en el derecho constitucional. Existe en Europa y en Estados Unidos, algunas figuras parecidas a esta; en Argentina, Brasil, Colombia, la iniciativa popular permite que la ciudadanía, pueda presentar ante sus respectivos congresos iniciativas de ley, requiriéndoles únicamente, la iniciativa de ley, así como el aval de firmas de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
¿Por qué en México no podíamos hacer lo mismo?. Claro que lo podemos hacer, ¿pero que necesitamos?. Obviamente una propuesta, pero también, alguien que se “aventara” a convocar a efectuar ese trabajo. ¡No es fácil¡. Tomando en cuenta que el trabajo, exige tiempo y recursos, y una figura de esta envergadura, lo requiere.
Código Ambiental por lo tanto es un proyecto que nace, precisamente de los ciudadanos jóvenes, universitarios y además estudiantes de la carrera de Derecho. Pueden venir más iniciativas populares provenientes de otros lados y si eso ocurre, que mejor, pero por nuestra parte, la comunidad universitaria aragonesa se organiza para redactar un Código Ambiental y posteriormente, llevarla ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Alguien preguntara, ¿Por qué no presentarla ante el Congreso de la Unión?, la respuesta sería que no es posible presentarla en esa instancia legislativa, dado que la iniciativa popular aun no está aprobado en la Constitución Política, inclusive, hasta el día de la fecha, apenas los diputados aprobaron la existencia de esta figura democrática, pero los requisitos  que solicita son el de 1% de firmas a nivel nacional. Algo así, como 700 mil firmas aproximadamente, tomando en consideración que se encuentran empadronados setenta millones de ciudadanos mexicanos.
Recabar el 0.4% de firmas del padrón electoral de quienes habitamos en el Distrito Federal no debe ser una tarea tan difícil, vendrían siendo 30 mil firmas, frente a los 700 mil que propone el Congreso de la Unión, sin embargo,  como saben todos los lectores, así sean recoger una, diez, cien, o mil firmas, es una tarea difícil, mas en estos días, en que tanto la política como nuestros políticos y nuestra joven democracia, resulta cuestionada, criticada, e inclusive, sumamente desprestigiada.
¿Por qué presentar esta iniciativa?, ¿Por qué complicarse la cabeza y sacrificar el tiempo para hacerlo?. Quizás con ésta pregunta, uno podría formular varias respuestas, pero lo primero que se me ocurre, es por la firme convicción de aportar a mi país, a mi futuro, una semilla legislativa, que espero rinda frutos para los próximos cincuenta años.

VALLE DE MEXICO (ACTUAL)

Código Ambiental no es un proyecto político, pero no deja de ser una actividad política. ¡Eso no es malo¡. La política es la actividad más altruista de todas las demás actividades que existen, es trabajar para el servicio y bienestar de los demás. Lamentablemente, el trabajo más altruista de todos, no deja de ser objeto de constantes críticas y de muy feroces cuestionamientos, yo también lo haría, sin embargo, debo responder ante estas preguntas, que Código Ambiental no pretende, ni menos puede hacerlo, participar o influir en el proceso electoral que se avecina. Es más, es de todos conocidos que nuestra democracia mexicana es partidista y deja poco margen de acción a la sociedad civil organizada, más aun, la que se encuentra desorganizada; si los ciudadanos nos confunden con algún partido político, hay que hacerles saber, que no regaláremos jergas para tortillas, cubetas para la leche, lápices, encendedores, cuadernos o inclusive materiales para la construcción de casas, tampoco somos narcisistas para dar a conocer nuestro nombre y fotografía en carteles o trípticos, menos aun en slogans publicitarios; no contamos con recursos públicos, porque estos son propiedad del pueblo, pero bajo el peculio de una aristocracia partidista que tiene secuestrado el país desde hace más de quince años.  Por lo tanto, los recursos económicos con los que se pretenden recabar 30 mil firmas, vendrán del tiempo voluntario y altruista que quieran aportar sus promotores. No reciben salario, ni de recursos públicos, menos aun de recursos privados, sino de sus propios bolsillo, que por cierto, en el patrimonio de un estudiante de una universidad pública, no crean que es mucho dinero.
¿En cuánto tiempo recabaremos las 30 mil firmas que pide la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal para presentar una ley?. Si soy optimista, quizás en dos años, si soy pesimista, ¡nunca¡. Estoy cociente que podría hacer la desfachatez de llenar hojas con nombres y claves de credencial de elector a diestra y siniestra, pero eso, además de ser poco ético, sería tramposo, ilegal, inmoral; no pretendo exhibir la comunidad aragonesa con ese tipo de triquiñuelas; no falsificaremos firmas, ni claves, ni nada por el estilo,  porque eso sería demostrar a nuestra partidocracia aristocrática, que somos su mismo reflejo, con el que los legitima.
No presentáremos una iniciativa falsa, con firmas falsas. Lo reitero nuevamente.  Así sea que nos tardemos dos, tres, cuatro, cinco o seis años, la iniciativa será honesta, será verdadera, se correrá la voz y muchos la apoyaran realmente; hasta que finalmente, algún día cierto, la podremos presentar ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El trabajo legislativo será arduo y complejo, muchos de los alumnos legisladores han aprendido sin darse cuenta, la técnica legislativa y normativa de encontrar en el ordenamiento jurídico, las antinomias, redundancias y lagunas que existen en todo ordenamiento jurídico; que bien que lo descubrieron, razonando el derecho.
Siempre he sostenido que el trabajo normativo es realmente el más complejo de todos. Las firmas, quizás con inteligencia y aprovechando los momentos oportunos, podríamos recabar las firmas que se requieran, pero sistematizar un Código Ambiental, será un trabajo transgeneracional; lo que hoy discutan los alumnos de derecho ambiental del semestre 2012-I, lo discutirán los de la generación 2013-I, 2014-I y consecuentes, hasta que finalmente, alguna generación concluya la obra legislativa.
Luego entonces, el proyecto Código Ambiental es demasiado completo, implica aprender a ejercer la democracia, recabando firmas y convenciendo a la ciudadanía sumarse el proyecto con su firma; y también, exige de los estudiantes de la carrera, a estudiar derecho ambiental, a darse cuenta, que la función legislativa, es noble, es científica, es técnica, es laboriosa; que no cualquiera pueda hacerlo, sin el debido esmero y conocimiento de la materia que pretende regular.
Código Ambiental no será una copia de otra ley o de otras leyes ecológicas, no permitiremos que el trabajo legislativo que presente la comunidad aragonesa los evidencie como alumnos supuestamente inteligentes, que pretendan engañar a su maestro; copiando textos de otras leyes. No será un trabajo escrito incongruente, sin orden ni lógica; pretende ser una obra legislativa, que deje un buen precedente en la historia legislativa del país, al poder presentar una ley de la ciudadanía, representada por sus futuros abogados.
¡Suena romántico¡. ¡Idealista¡. ¡Iluso¡. Prefiero que suene así, a que tenga que soportar la parálisis y la mediocridad de muchos de nuestros representantes populares, de nuestros funcionarios públicos, de nuestros ciudadanos, resignados porque este país y nuestra gran Ciudad, desaparezca entre el lodo de agua con mierda, entre el sol que nos quema, entre el agua con materia fecal que ingerimos para tomar. Prefiero una y mil veces hacer algo por mi ciudad y no sumarme en el millón y millones de almas, de todos mis semejantes que caminan sonámbulos, manipulados, engañados, objetos quizás de algún complot siniestro que planea una mil formas para enfermarlos y luego exterminarlos, con lo que comen todos los días sin saber lo que están comiendo.
Es una tarea difícil. Estoy consciente de eso y no faltara quizás algún alumno que piense que reprobara el curso por no juntar las firmas o por no presentar su articulado; eso sería actuar conforme a la cultura clientelar y del miedo con la que muchos mexicanos fuimos educados; lo importante de este proyecto, es sumarse al mismo y si uno no quiere, pues no sumarse y tantán. Las habilidades de los estudiantes de derecho no se demuestran únicamente recabando firmas, o redactando o ideando conceptos jurídicos, hay muchas formas de aprender, diferentes a vivir con el miedo y la simulación. En esta vida, las personas debemos tener libertad para hacer y no hacer las cosas que queramos. Quien trabaje porque alguien le ordene y tenga miedo de ejercer y defender su libertad, definitivamente esta jodido. Los alumnos de la FES Aragón deberán ser los futuros líderes sociales que requiere el país, si actúan con miedo, serán lamentablemente, parte de este sistema insustentable, que requiere renovarse para construir una sociedad más justa.  
VALLE DE MEXICO EN EL SIGLO XIX

Código Ambiental será un proyecto legislativo que deba generar agenda publica; no es una compilación de leyes, es más que eso, será una ley sencilla donde se contemplen los principios ambientales de ese nuevo pacto político, estimo no más de 250 artículos, la misma deberá establecer el nuevo pacto entre gobierno y sociedad civil; declarará los principios de democracia, derechos humanos, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, biodiversidad y respeto a la vida entre otros.
Código Ambiental definirá la Zona Metropolitana del Valle de México, como una gran región económica, bioregional, sustentable, acorde a la realidad social, cultural, política de la región; pretende desaparecer por completo las diferencias políticas y jurídicas entre quienes habitamos en el Distrito Federal y el Estado de México.
Código Ambiental es la ley que protegerá al suelo urbano y el de conservación, que hará memoria y honor al Lago de Texcoco, la región más transparente de América. Reconocerá y restablecerá en todo lo posible nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad en reconocer nuestras diferencias. Establecerá el derecho al espacio público, donde puedan coincidir todos los seres vivientes, donde se pueda interactuar con el ecosistema y  discutir los asuntos de la comunidad, donde puedan convivir las familias, nuestros amigos y semejantes.
Código Ambiental es la declaratoria del derecho al agua. A convertir en cada inmueble, una unidad productiva recicladora de agua con azotea verde y hortalizas; es el ideal de habitar una ciudad sin ajetreo, sin estrés, sin perder horas de nuestras vidas en largos trayectos de la casa al trabajo a la escuela; es y será la ciudad de la igualdad, donde las clases sociales no tendrán distinción, en respetar los derechos del automovilista y del ciclista.
Es un proyecto importante, que deberá generar la actividad productiva y sustentable, de hacer que las emisiones, las descargas y los residuos que afecten al ambiente, ayuden no solamente a generar la riqueza, sino también a restituir los daños ambientales ocasionados. Generara en la sociedad civil la corresponsabilidad de la tutela ambiental y también, nuevas formas de responsabilidad de quien contamine.
Código Ambiental es también las bases de la educación ambiental. La fuente de energía que impulse la ciencia y tecnología de los educandos, que incentive la innovación y creatividad de los que aquí habitamos, que logre la desaparición del papel, del humo gris, del plástico, de todo material contaminante; es el proyecto científico mexicano de sustituir en los próximos cincuenta años, al petróleo y encontrar y nutrir a nuestro Valle, en otras fuentes alternativas de energía.
Lo más importante del proyecto, serán las políticas públicas que deberán seguirse para los próximos cuarenta años; la constitución de una nueva administración pública, con servidores públicos acordes a las necesidades de la región, con sensibilidad ambiental, pero también con conocimiento y compromiso social, que logren dar resultados, a corto, mediano y largo plazo, para la transformación ecológica de la Ciudad.
Hay mucho trabajo por realizar. Que los estudiantes continúen redactando el Código Ambiental, mientras que los ciudadanos que confíen en nosotros, nos proporcionen su aval. ¡Que quede claro¡ No regalaremos promesas políticas, simplemente, estamos sembrando la semilla de la Ciudad que no es prestada en el tiempo.
Solo necesitamos tu nombre, tu clave de credencial de elector y tu firma; que lo demás, lo seguimos haciendo nosotros. (con tu apoyo).

sábado, 8 de octubre de 2011

SER UN PUBERTO OCHENTERO



Tendrías que haber sido un estudiante de Secundaría y haber vivido en los ochentas, para saber que es un Puberto Ochentero.
Un Puberto Ochentero es haberse sentado en un salón de clases, esperando que la chicharra tocara, para salir disparado al patio de la escuela y jugar una cascarita  con un frutsi lleno de basura, para poder anotar goles, debajo de los postes de las canastas de básquetbol.
Es pintar el pizarrón con el gis blanco, dibujando potros, jaibas, pumas y una que otra águila desplumada. Es escribir que el América será campeón o que el Guadalajara o el Cruz Azul es el mejor. Es rayonear el pizarrón una y otra vez, sin escribir o hacer dibujos ofensivos que alguien pueda lastimar o delatar.
Es subir a los pasillos del tercer piso, para escupir a los que están debajo de ti, ya sea para divertirte o afinar tu puntería, para darles a los que te retaban cuando estiraban sus brazos ofendiéndote con señales obscenas. Es seguir preparando ese escupitajo, largo, verdoso, salivoso, aprender la ley gravedad significativamente, celebrarla con enjundia, cuando lograbas atinar a tu objetivo.
Ser un puberto ochentero, es golpear la espalda de tu compañero con todas tus fuerzas, sin dejarte descubrir por éste; es buscar quien fue el que te pego, para jalarle los cabellos y esperar que la pamba, no sea para ti, sino para el que se dejo descubrir.
Es formarse en “fila de india” y pegarle con todo a tus compañeros, inclusive con la mochila; es esperar que alguien caiga, para que entonces tu cuerpo se lance a éste y hacer la “bolita” donde todos nos aventemos. Es sentir ese golpe y también darlo, hacer “calzón chino” o “circuncisión” sólo por el ánimo de echar “desmadre”, porque el maestro sigue sin llegar a la clase, porque estas cansado y aburrido de tantas clases; es a veces, echarle “pica pica” a tu compañero, teniendo la seguridad de que este no te delataría jamás.
Es aventar tu portafolio por el pasillo y después aventar otro y otro; es saber que alguien se queda en el salón de clases esculcando las demás mochilas, es saber que dentro de aquel morral, llena de cuadernos y libros e inclusive de la torta que no te comiste, pudieras encontrar la mercancía peligrosa que te pudieran confiscar y llevarte a la oficina de Orientación, una historieta pornográfica o bien, la portada de una revista con fotografías a color de mujeres realmente exorbitantes.
El puberto ochentero vive preocupado por no reprobar materias, sabe que existe los bimestres e inclusive los examenes extraordinarios, pero lo que más le preocupa al puberto, es saber que alguien le gustas, la infinita posibilidad de encontrar una novia y de formar parte de esa competencia donde ella y él, puedan besarse sin respirar el uno al otro.

Que tan sensible es el corazón de un pubertero ochentero, la pena, la angustia, la emoción, el sentimiento físico y sexual, un “no sé qué”, que “quien sabe que”, es tratar de escribir cartitas de amor o hacer dibujitos de corazoncitos, es escuchar una y otra vez esa canción que tanto te gusta, es caminar y "hacerte el aparecido", buscar el momento de “como te declaras”, de confirmar si “le gustas”, o por lo menos saber, si ya tiene novio.
Es saber lo que tus compañeros escribieron en el “Chismografo”. (¿...?)
Imitar desde el mejor portero del futbol Adolfo Rios, hasta inclusive la voz del charro cantor Jorge Negrete. Es empeñarte todos los días en “joder” al grupo, recordándole a la maestra la tarea que dejo la clase pasada y que todos supieran, que en tu casa tenías computadora.
Es escuchar a Miguel Mateos, Martha Sánchez, “Rock en tu idioma”, de perdida la Banda Timbiriche y adoptar como verdadero himno nacional  “Con todos menos conmigo”.  Es escuchar a los hombres G y desearle a tu rival de amores, “Sufre mamón devuélveme a mi chica”. Buscar el momento idóneo, para defender tu honor y orgullo lastimado.


Ser puberta ochentera es pararse frente al escenario y saber que es la más bonita de todos, que pueda interpretar a Flans o ser la chica más popular ni siquiera del salón de clases, sino de toda la escuela, e inclusive de todas las secundarias aledañas de la Santa María la Ribera. Es agarrarte a golpes en el baño de mujeres, con la otra chica popular y saber que movilizas a toda la escuela que ansia por verlas quien es la mejor. Es saber que los ojos de ellos te miran, pero que sólo bien sabes, que te interesaba captar la mirada de aquel “niño” en especial.
Es quitarse la falda y mostrar aquellas piernas que los ojos morbosos de tus compañeros podrían degustar. Evitar correr para no sentir tus senos flotar, es estirar los brazos uno, dos y tres, mientras observas a tus compañeros, divertirse con sus simplezas.
Es saber la reacción que asumirías, cuando tu compañero empezaba a cortejarte cuando éste te abrazara. Era tratar de acercarte a él, para conocer lo que este hacía, esperar la tan ansiada llamada telefónica y escuchar su voz, si era posible, por qué no, verte con él, en algún trabajo escolar en equipo, en la casa de alguna compañera, después en una fiesta … y después, en donde tu imaginación te llevara.
Era desmayarte en el salón de clases una y otra vez a causa de los cambios hormonales, cuidar que tu falda no se manchara por aquello de la regla, era ser lo más simulada posible, para que tus compañeros no te descubrieran.
Finalmente a quien le importa los elementos de la tabla periódica, la clasificación científica de los animales, saber que México era un país tercermundista, o decir erróneamente que la tierra era “cubica”; quien podría importarle la algebra, o soportar las clases aburridas a la una de la tarde, con un profesor a quien ya nada pelaba, menso a un prefecto que te recordaba la música grupera de Rigo Tovar o de Chicohe y la Crisis. Lo importante era echar despapaye, seguir jugando futbol y subir aquel metro de la estación San Cosme, entre gritos y carcajadas, subiéndote en la cabina trasera del conboy, o en aquel camión lleno de la Ruta 100, riéndote a carcajadas, de ver como tu compañero del otro grupo se caía del camión en la glorieta de Reforma, para después verlo correr y subir desesperadamente a éste, como si nada le hubiera pasado, y todo para no llegar tarde a la clase.
Todo esto es lo que significa ser un puberto ochentero, mas que un recuerdo de hace veinticinco años, es una realidad presente que permite recordar viejos tiempos. De vernos ahora, más gordos, canosos, casi pelones, con hijos, con mucho futuro y curiosidad de saber que fue lo que pasó después, desde ese ultimo día en que dejamos de vernos.
Cuantas veces no habremos soñado que seguíamos en el salón de clases, recordando con nostalgia aquel momento inerrepetible o simplemente olvidando por siempre, aquello que los demás te recuerdan cada vez que te los reencuentras.
Tomemos un trago, fumemos, hagamos ahora, lo que no pudimos hacer el día que nos conocimos.
¡Finalmente, somos pubertos ochenteros¡


sábado, 1 de octubre de 2011

LOS JUICIOS DEL 68



La historia nunca termina por escribirse. Exige la misma ser relatada, de manera objetiva, imparcial, sin los temperamentos pasionales de la que somos objetos los seres humanos. Es así que lo o ocurrido en la Ciudad de México durante el verano de 1968, debe ser analizado con la frialdad que los historiadores deben ofrecernos.
He aquí en estas breves líneas, la historia judicial de los hechos ocurridos en 1968.


Existen para ello dos versiones históricas de los hechos ocurridos en aquellos días. La primera de ellas la denominaremos la versión oficial que dio origen a la causa penal 272/68 radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y la segunda, la que fue aperturada con motivo de la denuncia de hechos presentada ante la Procuraduría General de la República el 2 de octubre de 1998, misma que diera origen a una serie de controversias legales, en diversos juicios de amparo; sin omitir desde luego  la Recomendación 26/2001 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como también la Averiguación Previa 002/2002 que fuera integrada por la Fiscalía Especial para la Investigación de los Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos cometidos directa o indirectamente por Servidores Públicos contra Personas Vinculadas con Movimientos Sociales o Políticos del Pasado, (FEMOSPP), que terminaría también con el frustrado ejercicio de la acción penal dictada en contra del Ex Presidente de la República Licenciado Luis Echeverría Álvarez.

a)    Los Juicios de la “Verdad oficial”.

En 1968 fue el año de la conjura internacional contra México, así lo manifestó el Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos Licenciado Gustavo Díaz Ordaz en su IV Informe de Gobierno ante la H. Congreso de la Unión.  Se trato de un plan orquestado desde la Habana Cuba y Praga, que tuvieron como objetivo desestabilizar al país, con motivo de la celebración de los décimo novenos juegos olímpicos a celebrarse en la Ciudad de México, del día 12 al 28 de octubre de ese mismo año.

El “Plan subversivo de Proyección Internacional” fue elaborado en el extranjero, en él, participaron diversas cedulas del Partido Comunista Mexicano. Esa al menos fue la explicación oficial. El entonces Presidente de la Republica Lic. Gustavo Díaz Ordaz al “rendir cuentas”  ante el Congreso de la Unión en su IV Informe de Gobierno, expuso sobre los desordenes juveniles provocados desde el extranjero, en países como Uruguay y Francia, con el fin de desestabilizados, particularmente el último, con la llamada “Revolución de Mayo”. Sin embargo, México no fue un “islote intocado”, la celebración internacional de los juegos olímpicos, fue objeto para atentar contra la soberanía nacional y restarle lucimiento.

La conjura internacional, concluyó las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público Federal, fueron planeadas en la Primera Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, celebrada en la Habana Cuba, el 10 de agosto de 1967. Desde ahí se planeó llevar a cabo la revolución armada en las naciones de América Latina. La Revolución Cubana como la guerra de Vietnam, serían el motor inspirador de la desestabilización política que harían sobre el país previo a la celebración de los juegos olímpicos. Posteriormente, el Comité Central de la Liga Comunista Espartaco, El Congreso Ordinario y el Congreso Nacional de Estudiantes Democráticos, planearon con anticipación los actos tendientes a lograr los disturbios estudiantiles; a esto siguieron los mítines, asambleas, manifestaciones, tumultos, actos públicos y privados que lograron trastornar el orden jurídico establecido y causar daños a los centros educativos, edificios públicos y privados, destruir aparatos telefónicos, postes conductores de energía eléctrica, daños a vehículos de transporte publico urbano y foráneo, utilización indebida de maquinas de escribir, mimeógrafos, tinta, papelería; utilización de camiones de transporte público como barricadas, creación de bombas molotov y gran cantidad de armas de fuego para atacar los agentes de la autoridad, causándoles lesiones y homicidio, para llevar a cabo la rebelión que tuviera como objeto la separación de sus cargos a los altos funcionarios de la Federación y sustituirlos por otros que constituirían un gobierno de tipo comunista, que traería como consecuencia la abolición o reforma de la Constitución y de las instituciones que de ella emanaban.

Los delitos que incurrieron los subversivos fueron daño en propiedad ajena, ataque a las vías generales de comunicación, sedición, asociación delictuosa, invitación a la rebelión, robo, despojo, acopio de armas, homicidio y lesiones a los agentes de autoridad; cada uno de estos delitos debidamente acreditados con las inspecciones ministeriales efectuados por Agentes del Ministerio Público Federal, los partes informativos de los Agentes de la Policía Judicial, así como diversos documentos y dictámenes periciales. En el delito de acopio de armas, se dio fe de arsenales de veinte pistolas de diferente calibres, tres rifles, una escopeta, dos cinturones de carrillera; 79 bombas molotov encontradas en las instalaciones de la Vocacional 7, junto con 300 botellas vacías, estopas y gasolina; 23 bombas molotov en los almacenes del Casco de Santo Tomás, otras 26 en la Facultad de Derecho, 30 en la Facultad de Medicina; cartuchos de dinamita colocados en la Torre 23 propiedad de la Compañía Luz y Fuerza del Centro SA en Santa María Chiconautla. Así como diversas probanzas que acreditaban el homicidio cometido contra dos miembros del Ejército Nacional. Acreditando la probable responsabilidad penal de sesenta y cinco personas, muchos de ellos estudiantes y profesores.

El Juez Primero de Distrito del Distrito Federal en Materia Penal, conoció de los ilícitos señalados en el expediente judicial 272/68 e impuso a los responsables sanciones de 5 a 17 años de prisión. Pero nunca se volvió a tocar más el tema. Ninguno de los politólogos e ideólogos del sistema político mexicano (priísta), el más conocido de ellos, Jesús Reyes Heroles, se dedico armar una explicación oficial de los hechos ocurridos.

En ese tenor, el 2 de octubre de 1968 sólo fue una balacera donde murieron civiles y militares, en una cantidad que no superaban a las tres decenas de personas, ochenta heridos y si acaso, unos mil detenidos; hecho lamentable pero no relevante para la historia del país.

FOTOGRAFIA DE LA BALACERA DEL 2 DE OCTUBRE DE 1968
PLAZA DE LAS TRES CULTURAS EN TLATELOLCO, D.F.


b)    Los Juicios de la “Verdad histórica”.

¡Transcurrieron 30 años y el “2 de octubre” no se olvidó¡

El 1 de octubre de 1998 se recibió en la Agencia Investigadora del Ministerio Público N° 75 de la Delegación Regional de Asuntos Especiales y Relevantes del Procedimiento Penal de la Procuraduría General de la República, la denuncia de hechos presentada por el C. Gilberto Ramón Guevara Niebla, ex dirigente del movimiento estudiantil de 1968, en el que relata los hechos ocurridos a partir de las 18:00 horas del día 2 de octubre de 1968 durante el mitin celebrado en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.  Aperturándose con ello la averiguación previa 50/01006/98 10.

Posteriormente el día 2 de octubre de 1998 con motivo del 30 ° aniversario, El Comité 68 Pro Libertades Democráticas A.C, presentó denuncia de hechos constitutivos de los delitos de genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad cometidos en contra del movimiento estudiantil y popular de 1968 perpetrado por los funcionarios del gobierno federal, entre otros, por el ex Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, el ex Secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez y otros más.

A las denuncias presentadas, el día 10 de noviembre de 1998, el Director General del Ministerio Publico Especializado suscribió el oficio “A” DGMPE”A”/1701/98 informando que ya había “operado la prescripción de la acción penal”; dicho acto motivo a la interposición del juicio de amparo 898/98-III que resolvió amparar a los quejosos en contra de la emisión del citado oficio, por haber sido violatorios las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14, 16, 21 y 102 de la Constitución Política. 

La PGR inconforme por el amparo otorgado a los denunciantes, promovió recurso de revisión, mismo que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, el cual a su vez, en sentencia dictada el 26 de mayo de 1999 se declaró incompetente, remitiendo los autos del expediente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Nuestro Máximo Tribunal, tardo cuatro años para hacer pronunciamiento sobre los hechos denunciados. Fue hasta el año 2002 cuando determinó que el oficio reclamado, no se encontraba fundado y motivado y que la autoridad responsable, tenía la obligación de iniciar la averiguación previa correspondiente y no haberle dado el trámite a la denuncia, como si hubiera sido un simple escrito.

A partir de este momento, treinta y cuatro años después de los hechos ocurridos en 1968, el juicio (histórico) comenzó, a fin de investigar la verdad legal, sobre los hechos acaecidos en ese año. Una decisión demasiado  tardía pero trascendental en la historia política y jurídica del país. 

El contexto mundial

Cabe señalar que el mundo globalizado exigía también  justicia globalizada. En 1998 el Juez español Baltasar Garzón dio muestra de ello cuando  giró la orden de captura en contra del entonces Senador Vitalicio Augusto Pinochet, ex presidente de Chile, acusado de genocidio y también de violación de derechos humanos por el golpe de Estado promovido por éste en dicha república el día  11 de septiembre de 1973. Lo mismo ocurrió en Argentina, donde se dieron movimientos sociales que proclamaban juicios a los funcionarios gubernamentales de las dictaduras militares que gobernaron dicha nación; los hechos ocurridos también en la guerra civil de Yugoslavia y Ruanda en 1992 y 1995 respectivamente, dieron origen a la creación de la Corte Penal internacional y  del  Estatuto de Roma.  Como nunca antes la sociedad civil exigió justicia por los crímenes genocidas realizados o perpetrados por los Estados autoritarios y totalitarios que ejercieron su monopolio violento sin freno ni límite alguno, en una época en que los gobiernos de las naciones no tenían que rendir cuentas a nadie, más que a su propia conciencia histórica; el marco jurídico internacional estaba dado, la humanidad como nunca antes, hacía una revisión histórica respecto a los gobiernos autoritarios violadores de derechos humanos y México no podía ser ajeno a dichos cambios, nuestros tribunales tendría la oportunidad de conocer y resolver, sobre los hechos ocurridos en el país.  La Suprema Corte daba pie a que esa revisión jurídica histórica ocurriera.

LIC. VICENTE FOX QUESADA. PRESIDENTE DE MEXICO
2000-2006

En México los cambios eran promisorios y veraces. Después de 71 años de gobierno priista, un partido político distinto al oficial ascendía al poder el partido opositor al régimen; hecho inaudito en la historia contemporánea del país y también de la historia mundial; el PRI,  Partido Revolucionario Institucional era después del Partido Comunista de la Unión Soviética, la corporación política que mas años había detentado el poder y Vicente Fox Quesada había cumplido su principal promesa de campaña, al haber “sacado de los Pinos” al PRI, venciéndolo en las elecciones presidenciales del año 2000  y con ello, dejando abierta la posibilidad, de hacer una revisión histórica de todo lo ocurrido. Las acusaciones que más imperaba al “viejo régimen” era sin duda alguna, la corrupción con la que había gobernado y la segunda de ellas, los hechos ocurridos en 1968. Aunque claro no eran las únicas faltas graves, pero si los más relevantes.

La historia era promisoria. Los vientos del cambio en la justicia y en la historia mexicana estaban por llegar.

 Los antecedentes sociales y culturales previo a la judicialización del 2 de octubre

“68” pareciera que fue un mito. Una leyenda urbana. Una anécdota que se transmitía de manera oral, de boca en boca, mucho se hablaba, se decía, se sospechaba, pero no había nada cierto, más que las miles de historias que se contaban de aquellas personas que lo vivieron y quienes así lo leyeron.  Ahí estaban algunos libros que daban cuenta sobre el movimiento estudiantil de 1968. Algunos intelectuales abordaron lo ocurrido en aquel año, Octavio Paz en su obra Vuelta al Laberinto de la Soledad; en la poesía, Rosario Castellanos y Jaime Sabines, hicieron remembranza con la fatal fecha.  Elena Poniatwoska en su obra “La Noche de Tlatelolco”, Juan Miguel de Mora en “T-68”, Julio Sherer García en algunos de sus artículos periodísticos publicados en el semanario Proceso, fueron sin duda alguna, ejemplos de periodismo político que relataba sobre los hechos acontecidos en aquel año y en ese día.

Hubo también documentales que hicieron remembranza al movimiento estudiantil, el más conocido de ellos, “El Grito”;  la ficción cinematográfica también  hizo lo suyo, en 1989 Valentín Trujillo produjo una de las películas que aborda de manera directa, lo acontecido aquel 2 de octubre de 1968, en su filme “Rojo Amanecer”, narra la historia de una familia que habita en un departamento de la Unidad Habitacional en Tlatelolco, quien es víctima también de la represión. Todos estas aportaciones artísticas culturales, daban la versión que todos rumoraban, la de un gobierno represor que martirizó a sus jóvenes estudiantes.  

CARTEL DE LA PELICULA ROJO AMANECER
ESTRENADA AL PUBLICO EN 1990
Ya para el año de 1993 con motivo del 25 Aniversario de la Conformación del Movimiento Estudiantil Popular de 1968, un grupo de 24 ciudadanos, muchos de ellos, intelectuales ampliamente reconocidos, conforman la “Comisión de Verdad”. Su objetivo fue investigar los principales sucesos de 1968 y dilucidar sobre las posibles responsabilidades de sus protagonistas. La Comisión llevó a cabo una de las manifestaciones multitudinarias más importantes de la Ciudad de México el día 2 de octubre de 1993, en esa marcha, se llevó a cabo un mitin en la Plaza de las Tres Culturas para inaugurar el monumento que conmemorara a 27 personas caídas en ese día.  

En ese mismo año, el Comité del 68 exigió la apertura de los archivos del gobierno, para conocer sobre lo ocurrido en ese año. El Secretario de Gobernación dijo en los medios, que los archivos se abrirían hasta dentro de 30 años, aunque no dio la fundamentación y motivación legal de su dicho. Por otra parte y por vez primera, un Secretario de la Defensa Nacional hizo declaraciones, aunque fuera ambiguas e imprecisas sobre la participación del ejercito en aquel año;  para sorpresas de muchos, Jacobo Zabludovsky titular del noticiero de televisión 24 Horas dio a conocer por vez primera, el primer video de lo ocurrido en la tarde del 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco; en dicho video, el Secretario de la Defensa Nacional manifiesta, que del mismo, no se desprende que el ejercito haya atacado en algún momento a la población civil, las escenas de aquel video, muestran a los soldados tirados pecho al suelo, apuntando sus metralletas hacía arriba.

La verdad se tenía que saber, era una exigencia histórica y moral. En 1997 el PRI pierde por vez primera la mayoría en la Cámara de Diputados, por vez primera el “Bloque Opositor” integrado principalmente por diputados del PAN y del PRD conforman la Comisión Especial del 68; asimismo dicha comisión pudo acceder a mas de 70 mil documentos que le hizo entrega la Secretaría de Gobernación al Archivo General de la Nación;  sin embargo dicha comisión no llegó absolutamente a ninguna conclusión.

En el año 2000 Vicente Fox  Quesada derrota en las urnas al candidato priista Francisco Labastida Ochoa. Por vez primera en el país, surge la esperanza del cambio democrático, se hablo entonces de la “transición” y de la valiosa oportunidad histórica de juzgar los crímenes de corrupción y abuso de poder que cometieron los gobiernos priístas.

Para el día 27 de noviembre del 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el Informe Especial sobre Desapariciones Forzadas, en el que refiere sobre la desaparición de 532 personas, 73 presuntos perpetradores de delitos de desaparición forzada (aunque no proporciono sus nombres para no violar sus derechos) así como también, señaló cerca de 40 dependencias gubernamentales involucradas en dichos crímenes. El mismo el Ombudsman nacional emitió la Recomendación 26/2001 en el que solicita al Presidente de la República, la creación de una Fiscalía Especial que investigara los hechos ocurridos en 1968 y otros ilícitos más. Sugiere también la transferencia y apertura de los archivos de la extinta Dirección Federal de Seguridad; así también solicita al gobierno democrático de la Ciudad de México, representado por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, hiciera lo mismo con los documentos que pudiera conservar de la extinta División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia.

El grupo político Priista ya no gobernaba el país ni la Ciudad de México. Las condiciones históricas estaban dadas para llegar a la verdad histórica de los hechos.

En ese mismo día, el Presidente de la República Vicente Fox, publica en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Fiscalía Especial sobre Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. El 4 de enero del 2002 se designo como Fiscal Especial al Dr. Ignacio Carrillo Prieto para dicho fin.  Días después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiría la sentencia de amparo en revisión 968/99 confirmando el fallo protector  otorgado al Comité pro Libertades  Democráticas A.C. Acto seguido la recién Fiscalía inició la indagatoria penal 002/2002 por el delito de genocidio por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.

El 9 de abril del 2002 se ratificó la denuncia de hechos por los hechos ocurridos aquel 2 de octubre de 1968. Los denunciantes solicitaron fueran llamados a declarar los funcionarios públicos aun sobrevivientes de aquella administración, siendo estos el Lic. Luis Echeverría Alvarez, Gral. Enrique Cervantes Aguirre, Gral. Alonso Aguirre Ramos, Gral. Gonzalo Castillo Ferrara, Gral. Luis Gutiérrez Oropeza, Lic. Julio Sánchez Vargas, entre otros más; inclusive solicitó también fueran citados los familiares de los difuntos, entre estos, el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Gral. Marcelino García Barragán, Cap. Fernando Gutiérrez Barrios, Gral. José Hernández Toledo, entre otros.  Los denunciantes ampliaron posteriormente su denuncia de hechos a otros eventos como lo ocurrido el 10 de junio de 1971.

EL EXPRESIDENTE LUIS ESCHEVERRIA ALVAREZ
1970-1976

Luis Echeverría Álvarez fue citado a declarar, al igual que ex jefe del Departamento del Distrito Federal Alfonso Martínez Domínguez y el Gral. Luis Gutiérrez Oropeza quien fuera Jefe del Estado Mayor Presidencial.  Los tres servidores públicos se negaron a declarar, acogiéndose a la garantía prevista en el artículo 20 constitucional.

La Fiscalía posteriormente citó al licenciado Mario Moya Palencia en calidad de testigo de los hechos, pero este, se negó a declarar, aduciendo la protección del artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales que prevé semejante derecho, para no declarar en razón a lazos familiares consanguíneos, amor, respeto, cariño, estrecha amistad, con la persona que es investigada o es acusada.

La defensa del ex Presidente Luis Echeverría sería encabezada por el abogado Juan Velázquez, quien había sido años antes abogado de Arturo “el Negro” Durazo y de Raúl Salinas de Gortari, hermano de otro ex presidente acusado de homicidio y corrupción; Juan Velásquez, salía de nueva cuenta en los medios de comunicación para dar a conocer su apreciación jurídica, respecto a la falta de elementos para acusar a su cliente; finalmente en los tiempos en que el gobierno federal de Vicente Fox y el gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador se enfrascaban en la discusión estéril sobre los predios de paraje San Juan y El Encino, así como del desacato de una orden judicial, aquel día 22 de julio del 2004 paso por inadvertida, el ejercicio de la acción penal que se dictara en contra de un ex presidente de la República por los hechos ocurridos el día 10 de junio de 1971.

Posteriormente el 19 de septiembre del 2005 se hizo por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968. La prensa nacional no le tomo la importancia debida, en aquellos días, las encuestas daban amplia ventaja a López Obrador como el futuro ganador de las elecciones presidenciales. Ni quien le daba importancia al proceso judicial instaurado en contra de Echeverría; los tiempos eran otros, ya no había PRI, más que la lucha democrática por el poder.

La averiguación previa 002/2002 se radicó en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Procesos Penales en el Distrito Federal a cargo del Juez Ranulfo Castillo, aperturándose la causa penal 78/2005.  El Fiscal solicitó la orden de aprehensión en contra del acusado Luis Echeverría, por el delito de genocidio, sin embargo, la Fiscalía tuvo su primer revés, pues el Juez negó dicha orden.

La Fiscalía interpondría el recurso judicial correspondiente ante el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito , asignándole el número de Toca 461/2005.  Después promovería ante la Suprema Corte de Justicia de la nación para que atrajera el caso, sin embargo habiéndose aperturado el expediente correspondiente 2/2005-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró que si bien el asunto era de una “importancia histórica y social”, también lo era, que “carecía de interés y trascendencia jurídica”. ¡Segundo revés¡.

Un Ministro de la Corte de nombre José Ramón Cossio Díaz, realizo declaraciones ante los medios de comunicación, en el que sugirió a la fiscalía que replanteara su alegato de genocidio, el Comité 68 promueve queja ante la Suprema Corte por la resolución anticipada expresada por el ministerio, pero dicha impugnación (1775/2005-PL) fue desechada, ante dicha determinació0n, se promovió recurso de reclamación, y la Corte declaró el recurso como infundado, ordenando su archivo como asunto concluido. ¡Tercer revés¡.

El expediente regresa al Tribunal Unitario, donde el Magistrado Juan Ranulfo Castillo, determina aquel 30 de junio del 2006, revocar la sentencia emitido por el Juez de Distrito, solicitándole a éste, girar la orden de aprehensión en contra del ex Presidente Luis Echeverría Álvarez y seis coacusados. ¡Resolución histórica¡. El 3 de julio del 2006, un día después de las elecciones en las cuales aun no se conocía oficialmente si el ganador de la contienda había sido Andrés Manuel López Obrador o Felipe Calderón Hinojosa, en ese mismo día se giró la orden de aprehensión en contra el ex Presidente Echeverría. Pero nadie se entero del hecho.

La prensa no dio nota de esta noticia, totalmente distraída por los cómputos emitidos por el Instituto Federal Electoral entre los candidatos presidenciales, así como de la sospecha del fraude electoral que anunciaba Andrés Manuel López Obrador, nadie se percató de la cumplimentación de la orden de aprehensión en contra del ex Presidente, ni siquiera existió evidencia documental o fotográfica de dicho acto, la justicia en los tiempos del gobierno democrático y de la transición era igual de discreta e inadvertida, como lo había sido 38 años atrás.


 
El 9 de julio del 2006 la prensa dio nota respecto al mitin convocado por Andrés Manuel López Obrador en la plancha del Zócalo, convocando la defensa del voto, así como del matrimonio celebrado entre el Jefe de Gobierno electo Marcelo Ebrard Causabon con la actriz Mariagna Pratts, sin embargo, nada o poco dijeron respecto al auto de Libertad que dictó el Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal al ex presidente Echeverría. … ¡Cuarto revés¡. Y el pueblo inconformándose por el fraude electoral, olvidándose de lo ocurrido el 2 de octubre de 1968.

La Fiscalía ordenó el retiro de los elementos de la Agencia Federal de investigación que custodiaban la casa del ex mandatario, quien se encontraba en prisión domiciliaria. Después, en tiempos de efervescencia electoral, la Fiscalía impugno el fallo favorable a Echeverría, quien finalmente el Magistrado Ricardo Pérez Calderón, ordenó revocar el auto de libertad, reafirmando la comisión del delito de genocidio y ordenando nuevamente al Juez Décimo Quinto, girar la orden de aprehensión, en virtud de que el ex presidente, “fraguo, propuso y tuvo dominio de ejecución de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, sin que para ello actuara en cumplimiento de un deber o la salvaguarda del Estado por alguna conjura nacional o internacional”.

Pero la noticia tampoco volvió a tener eco, la prensa nacional e internacional tenía sus ojos puestos respecto a la toma de posesión del presidente electo Felipe Calderón Hinojosa, daban nota de cómo la tribuna de la  Cámara de Diputados estaba siendo ocupada por diputados de los partidos políticos contendientes. Nadie absolutamente nadie se percató de que contra el ex presidente Echeverría giraba la orden de elaborarle su ficha sinalégtica, la toma de su fotografía y huellas dactilares, así como el estudio de personalidad correspondiente. Cuantos de los que vivieron la generación de 1968, les hubiera encantado ver al oscuro Secretario de Gobernación fotografiado como reo, de frente y perfil, con su respectivo numero que lo identificara como delincuente. Pero eso no paso nunca y Felipe Calderón, entre rechiflas y mentadas de madre, tomaba protesta como Presidente Constitucional.

La defensa alego que el ex Presidente Echeverría se encontraba en mal estado de salud, que debía tener reposo y suministro constante de medicamentos. El Juez desconfiado del argumento vertido por la defensa, solicita al Instituto Nacional de cardiología asignara perito médico, quien después de tres exámenes dictaminó que el expresidente padecía de lesiones cerebrales difusas derivadas de la arterosclerosis generalizada de tipo crónico, progresivo e irreversible.

La defensa de Luis Echeverría parecía perder ante el proceso penal que se le estaba instruyendo, pero no estaba del todo perdido, promovería un juicio de amparo para demostrar que la acción penal seguida en su contra por el delito de genocidio se encontraba prescrita.

El amparo siempre tan benevolente con quien es víctima de la arbitrariedad del poder, le toco esta vez, amparar a Luis Echeverría contra los actos violatorios a sus garantías individuales que le eran cometidos tanto por la Fiscalía como por el Juez que lo sujetó a prisión preventiva, aunque éste fuera en su propio domicilio. El Magistrado Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal unitario en Materia Penal, en el expediente 09/2007, después de haber leído los 42 tomos que constaban de 58,725 fojas, no constató que en la mima, se advirtiera responsabilidad penal en contra del ex Presidente. En razón a ello declaró que si bien, existió genocidio no podía atribuírsele al inculpado el carácter de genocida. Pero también su determinación fue contundente, al afirmar sobre la prescripción de la acción penal.

Contra el amparo recaído, tanto el abogado del licenciado Echeverría como el Comité 68 impugnaron dicha determinación; el primero, porque considero que no existía ni siquiera acreditado el cuerpo del delito del 68; los otros, por una razón de justicia y moralidad. Entonces se le pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera sus facultades de atracción sobre el asunto, pero el supremo órgano colegiado, se negó a conocer del asunto de gran trascendencia histórica, finalmente, el juicio se resolvió en el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, con el numero de expediente 132/2007. La justicia finalmente fue para el ex Presidente de la Republica que hasta el día de la fecha, sigue habitando su casona de San Jerónimo, esperando a que un día de estos, vaya la muerte a recogerlo.

La Fiscalía Especial desapareció mediante decreto emitido por el Procurador General de la Republica el día 30 de noviembre del 2006. No era tan importante su existencia. El Ex Presidente de la Republica goza de la libertad jurídica, aun pese a la duda histórica que existe sobre su condición de genocida y de su silencio a rendir por lo menos, su declaración ante la historia.

¡Ya nadie recuerda el 68¡. La juventud rebelde que motivo a generaciones de estudiantes, que se identificaban con esa etapa de la historia, terminó desilusionada al ver a sus líderes convertirse en vejestorios, nostálgicos, muchos de ellos, convertidos en funcionarios públicos y legisladores distinguidos que lucran con la memoria histórica de aquel año, incapaces de haberle dado al país, la transición democrática que este requería y queterminaron convirtiéndose en aquello que tanto odiaban.

¿Qué importa saber lo que ocurrió el 2 de octubre?. Si en este país, cada día es un 2 de octubre, un promedio de cincuenta muertos diarios en la guerra contra el narco, nos ha hecho insensibles ante la historia, nos ha hecho olvidar, el sentido de la responsabilidad, nos ha hecho afirmarnos cada día, como una nación de olvidadizos, ineptos e irresponsables.

“¡Que 2 de octubre no se olvida¡”. ¡No lo creo¡.  Para mí, creo que ya se olvidó.