domingo, 1 de abril de 2018

OCURRENCIAS, CAPRICHOS, CORRUPCIÓN, OPACIDAD Y COSTOS DE LOS SEGUNDOS PISOS DEL PERIFERICO.





1.     El misterio sin resolver.

Se cuenta la leyenda urbana, que los segundos pisos que se construyeron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, fue una obra opaca, que la información derivada de los procesos de licitación y contratos que implicaron dicha obra, se reservaron durante doce años, que la beneficiada de dicha obra fue la empresa “Grupo Rioboo” y que sus 12 kilómetros de superficie, tuvieron un costo de 8 mil millones de pesos. [1]

En pocas palabras, se insinuaba que dicha obra, fue el “cochinito” de Andrés Manuel, para lo que sería su primera campaña presidencial del 2006.

Otros aseguran, como el diario gobiernista de la Ciudad de México, La Jornada, que la obra tuvo un costo de 2 mil 157 millones de pesos y que en ella participaron 22 empresas constructoras, habiéndose generado en su construcción 7,500 empleos.[2]

¡Sin embargo dicha información resulta también falsa¡.

La verdad de las cosas, es que el costo de los segundos pisos fue de 5 mil 981 millones de pesos. En ella participaron 36 empresas y no fue sino hasta el día 2 de octubre del 2008, durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubón y no la de Andres Manuel López Obrador, cuando esta información se hizo pública, haciéndosela de conocimiento a un solicitante de información pública que respondía al nombre de Paola Maguey, Elizabeth Anaid Flores Machorro y Geovani Hernández Martínez. [3]



2.     Antecedentes de la obra que nunca se planeó.

Pero si nos remontamos a los “segundos pisos” del Periférico, una de las “vialidades rápidas” de la Ciudad de México, esta tuvo su origen desde la última administración del Jefe de Departamento del Distrito Federal Oscar Espinosa Vilarreal, quien a través de los diputados priístas de aquel entonces, propusieron construir un “segundo piso”, en lo que sería una de las avenidas rápidas de la Ciudad; al igual que planearon una especie de tren rápido conocido como el “EcoTren” que partiría de la Alameda a Santa Mónica Tlalnepantla.  El PRD, en ese entonces partido de oposición, se opuso radicalmente a la propuesta.[4] 

Fue en ese último régimen priísta en la Ciudad de México, (1994-1997), cuando se propuso también un Plan de Desarrollo Urbano con visión a futuro del 2020, en el que se elaboró también el Plan Maestro del Metro que proyectaba la construcción de 340 kilómetros más de un total de 15 líneas nuevas, de la cual sólo se construyó la línea 12 con una superficie de apenas 22 kilómetros y que a la postre, resulto una pifia de la ingeniería del país. Se visualizó también la construcción de transportes eléctricos y trenes, uno de ellos, circularía por el viejo ferrocarril a Cuernavaca, la cual sería paralela a Periférico, pues lograría conectar San Jerónimo con el Toreo.[5]   

Pero el último gobierno priísta del Distrito Federal, no tuvo credibilidad, luego de haber desaparecido la Ruta 100, envuelta en una serie de escándalos de asesinatos políticos y de haber subido la tarifa del precio del Metro, de 40 centavos que costaba, a 1.30 pesos.
Cuauhtémoc Cárdenas sería electo en el año 1997, aunque su gobierno no con la independencia de los gobiernos actuales de la Ciudad de México, sufrió una serie de recortes presupuestales que le impidieron continuar las obras que había dejado inconclusas la última administración priísta; lo que a la postre, después de un año y medio de gobierno, renunciaría a la jefatura para competir por la Presidencia de la República en aquel año 2000, quedando como Jefa de Gobierno del Distrito Federal Rosario Robles, la cual después, seria sustituida, por el Jefe de Gobierno electo Andrés Manuel López Obrador.



3.     La ocurrencia que se convirtió en capricho. Construir un “segundo piso”.

El “Peje”, como se le conoció popularmente, ya siendo Jefe de Gobierno, seguía cumpliendo su palabra de conceder una entrevista mensual, al reconocido periodista radiofónico de Radio Red y después de “Monitor”, José Gutiérrez Vivo; fue pues en la emisión del 5 de diciembre del 2001, donde anunció, seguramente por una ocurrencia suya, que construiría un “segundo piso” en Viaducto y Periférico.

Ante la espectacular noticia, algunos periodistas corrieron a entrevistar al Secretario de Obras y Servicios, Cesár Buenrostro, para pedirle mayores detalles sobre la obra, el Ingeniero manifestó desconocer el tema, que el proyecto no existía y que además no era viable.

Sin embargo, el Jefe de Gobierno, poco le importó contradecir a su subalterno, por muy recomendado que fuera de Cuauhtémoc Cárdenas, pues  en ese mismo día para confirmar lo que había dicho con José Gutiérrez Vivo, concedió una entrevista anunciando que la obra costaría 1,500 millones de pesos, con una construcción de 6 kilómetros anuales, a través de un nuevo diseño de ingeniería estructural que le permitía ir montando losas con sus respectivos pilotos, trabajos que se harían nocturnamente. Los segundos pisos – anuncio con bomba y platillo - se construirían en el Viaducto (Donde a la fecha no se han construido) y en todo el Periférico, desde San Jerónimo hasta el Toreo (Obra que se terminó, no en su administración, sino en la de Marcelo Ebrard Casaubón).[6] Dijo también que el uso de dicha vialidad ayudaría a descongestionar el tráfico, que sería ecológica y que además sería gratuita para los automovilistas que la usaran. Aprovecho el momento también para defenderse de las acusaciones de “populista” que recibía y de criticar la reforma fiscal que en ese momento promovía el Presidente Vicente Fox, la cual a la postre, sería ésta rechazada por la coalición de “facto”, de los diputados PRI y del PRD.




Cesar Buenrostro, el Secretario de Obras de Andrés Manuel López Obrador, en reunión de trabajo con éste, le hizo saber sobre los inconvenientes de la obra; le dijo que esa obra era innecesaria y no ayudaba a resolver los problemas de movilidad y contaminación ambiental por los que atravesaba la Ciudad, pero además le dijo, que era más importante atender el Drenaje Profundo para evitar el hundimiento de la Ciudad, inclusive, enfocar los esfuerzos y recursos públicos, para construir una Línea del Metro; pero el Jefe de Gobierno, dijo que No, que no le importaba; se le reiteró que esa obra pública, solamente era “visible”, pero no necesaria para la Ciudad, a lo que Andrés Manuel replicó, que por es quería la obra, porque era “visible”, porque hacer trabajos sobre el drenaje profundo, eran “trabajos invisibles”, que la gente no apreciaba y “no daban votos”; el Secretario Buenrostro se molestó, al igual que Andrés y cuentan los testigos, que Buenrostro, terminó mentándole la madre a su Jefe.   

Andrés Manuel había tomado una decisión que no podía echar para atrás. Sabía perfectamente que su Secretario de Obras hablaría con Cuauhtémoc Cárdenas para que este ejerciera su influencia sobre Andrés y no se llevara a cabo la construcción e la improvisada obra; era obvio, las diferencias entre López Obrador y su Secretario de Obras iban más allá de la construcción del segundo piso, se oponía también a la construcción de rascacielos que permitía el “Bando 2” que había emitido Andrés días después de su toma de posesión como Jefe de Gobierno (otra de sus ocurrencias), Buenrostro sabía que lo que necesitaba la Ciudad de México, para su sustentabilidad, eran las obras hidráulicas, pues de no hacerlo, en unas dos décadas, habría escases de agua en Delegaciones como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano Carranza.   

Andrés Manuel, sin llegar a la ruptura con Cuauhtémoc Cárdenas, asesorada por su Contralora General Bertha Elena Lujan, comenzó a filtrar a la prensa, el llamado “cochinito” de Rosario Robles, entonces colaboradora muy cercana al Ingeniero Cárdenas; las notas referían que al menos 18,546 trabajadores eventuales del Gobierno del Distrito Federal durante la administración de Robles Berlanga, no fueron dados de alta al ISSSTE, pero sin embargo, si le habían sido retenidos sus aportaciones de seguridad social para dicho organismo público de salud. Las notas periodísticas comenzaban a generar el rumor, que la totalidad de ese dinero fue “extraviado”, es decir, que el gobierno de Rosario Robles no le había pagado al ISSSTE, y que dicho dinero, se había desviado a la campaña que Rosario Robles promovería en su candidatura como Presidenta del PRD. [7]   

Andrés Manuel no solamente frenaría cualquier intento de persuasión en su contra, sino que también, en el ámbito de sus atribuciones jurídicas como Jefe de Gobierno, decidió restarle poder a Cesar Buenrostro como Secretario de Obras y Servicios, para delegar la responsabilidad de construir su obra magna del “segundo piso”, en una de las personas de su máxima confianza, Claudia Sheibauem, quien fungía como Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal y quien además, era la esposa del exlíder estudiantil del CEU Carlos Imaz Gispert, entonces el líder y presidente del PRD en el Distrito Federal.

Para ello, el 21 de diciembre del 2001, el Jefe de Gobierno López Obrador, creó un Fideicomiso para la construcción del segundo piso del Periférico. El monto inicial del mismo fue de 30 millones de pesos. No supo que nombre darle a ese Fideicomiso, así que lo denominó “Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público” “FIFINTRA.

A finales de aquel año 2001, debía aprobarse el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del año 2002, con el cual, se tendría que prever el pago de los recursos con el que se construiría las obras del segundo piso del periférico. La Secretaria de Obras y Servicios Urbanos del Distrito Federal recibiría la cantidad de 9,183 millones de pesos, mientras que el recién fideicomiso, recibiría una cantidad inicial de 80 millones de pesos. [8]      
Asimismo, Andrés Manuel aprovecho la cercanía que tenía su Secretaria del Medio Ambiente Claudia Scheibauem, con el entonces Rector de la UNAM José Ramón de la Fuente, para pedirle “un favor”; que fuera la UNAM, por conducto del Instituto de Ingeniería, quien hiciera los estudios técnicos geotécnicos y estructurales, para apoyar el proyecto de construcción de las vías rápidas de la Ciudad de México.

Así pues, Andrés Manuel López Obrador, nunca realizó una planeación para la construcción del segundo piso del periférico y lo que dijo en Monitor en su entrevista con Gutiérrez Vivó, fue solo una ocurrencia; los estudios de mecánica de suelos, medio ambiente y de movilidad, sobre la construcción de la obra, se llevarían a cabo, mediante el contrato 11733-229-13-II-02 que celebró el Gobierno del Distrito Federal con la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto fue del 14 de febrero del 2002 al 14 de febrero del 2004; en abril del 2002, se hizo otro estudio para conocer el origen y destino de los recorridos que se realizaban en automóvil, tomando en consideración los horarios de mayor afluencia y las características generales y/o particulares asociadas con cada viaje sobre las vías rápidas de la Ciudad de México. Así pues, en vez de existir planeación, decisión y después ejecución de una obra de tal envergadura, Andrés hizo lo contrario, decidió construir la obra, luego la ejecuto y al final la planeo. 



4.     La obra opaca que comenzó a ejecutarse.

En abril del 2002, el Gobierno del Distrito Federal, no la Secretaria de Obras y Servicios Urbanos del Distrito Federal, sino el Jefe de Gobierno, decidió mediante “Adjudicación Directa”, asignar el proyecto de la obra a la empresa Rioboo SA de CV. La empresa, que fue asignada en dicho contrato, le correspondía elaborar el “Proyecto vial y estudios de impacto ambiental, urbano y vial y el proyecto ejecutivo completo para la construcción de los “segundos pisos” del anillo Periférico arco poniente en el tramo comprendido entre la Av. Luis Cabrera y el Toreo de Cuatro Caminos (dentro del Distrito Federal), y del Viaducto Miguel Alemán desde la Calzada Ignacio Zaragoza hasta el Anillo Periférico arco poniente, incluyendo los dos ramales que intersectan con este.

Sin embargo dicho contrato debido a su trascendencia, no derivó de un procedimiento de licitación pública nacional, es decir, a través de un concurso de oposición en el cual debieron de haber participado varias empresas, para que cada uno de ellos presentara su propuesta, sus cotizaciones y proyectos; el Gobierno de la Ciudad de México, o mejor dicho, el Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, no el Secretario de Obras quien debió de haberle correspondido, sino el propio Andrés Manuel, fue quien decidió asignar el contrato a dicha empresa, de manera unilateral, a través de un procedimiento denominado “Adjudicación Directa”.

Para el mes de junio de ese mismo año 2002, le asignó también por adjudicación directa, a Consultores en Desarrollo Integral Gt, S.A. De C.V. para que llevara a cabo la localización de posibles interferencias para la construcción del distribuidor vial San Antonio. Esa empresa, después sería inhabilitada por tres años por la Contraloría General del Distrito Federal.[9]



5.     La Ley (“hipócrita”) de Transparencia, frente a la “Voluntad del Pueblo”.

En aquel año 2002, el día 11 de junio, fue que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.[10]  Una ley, que obligaba a todos los entes públicos del gobierno federal a proporcionar información pública a quien lo solicitara. Con ello, el gobierno federal (de extracción panista), daba un paso adelante para transparentar la información y con ello, detectar y disuadir la corrupción.

Sin embargo, para el Gobierno del Distrito Federal, lejos estaba de adoptar las políticas “hipócritas” del gobierno neoliberal de Vicente Fox; pues consideraba dicha ley, como la creación de un “elefante blanco”, al constituir un nuevo órgano público, denominado “Instituto Federal de Acceso a la Información Pública” “IFAI”, que en nada solucionaría al problema de la corrupción.

Para el Jefe del Gobierno, la opinión que valía, “era la del pueblo” y serían ellos, los que decidirían, si se construiría o no, el “segundo piso” del Periférico. Fue así, que con fundamento en el artículo 67 fracción XXX del Estatuto de Gobierno y el artículo 13 de la Ley del Participación Ciudadana del Distrito Federal, solicito al Instituto Electoral del Distrito Federal, llevara a cabo, la celebración del plebiscito sobre la construcción o no de los “segundos pisos” del Periférico; para que “solo el pueblo y únicamente el pueblo”, decidiera lo conducente.

En teoría, la solicitud del plebiscito la formularon los ciudadanos Jorge Carlos Diaz Cuervo y Enrique Pérez Correa, quienes avalaron su petición con nueve carpetas repletas de firmas; el Secretario de Gobierno Lic. José Agustín Ortiz Pinchetti procedió a solicitar al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal Lic. Javier Santiago Castillo, a organizar el plebiscito.    

El  plebiscito realizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal, el único que se ha hecho en su historia, participaron en el 274,606 mil votos diciendo “Si” a la obra, en contra de 142,384 mil ciudadanos que la rechazaron y 420,522 mil que emitieron su “voto nulo”. El abstencionismo fue cerca del 87%.  (El listado nominal de electores de aquel entonces era  de 6,459,641 electores.[11]

Con la opinión afirmativa del pueblo, aunque hubiera sido superada por los votos nulos y más aun, por la abstención del 87% que hubo, el Jefe de Gobierno legitimó su obra. El segundo piso se construiría “peje a quien le peje”.

El inicio de la obra se llevó con una total opacidad, pues la primera Ley de Transparencia que existió en el Distrito Federal, fue hasta el 8 de mayo del 2003 y las obras públicas del segundo piso comenzaron en diciembre del 2001, por ende, las convocatorias de las Licitaciones Públicas Nacionales, los planos ejecutivos, los contratos de obra pública, las bitácoras de obra, no eran públicas, porque el Gobierno de la Ciudad de México, no tenía la obligación de hacerlo, en virtud de que no existía la ley que así lo ordenara, como sí existía dicha obligación en el Gobierno Federal con la creación del entonces IFAI.

De ahí el mito, de que la información de que la construcción del segundo piso, “se reservó” por doce años; pues sin ninguna ley que obligara o prohibiera emitir dichas reservas, se facultaba a los entes públicos del Gobierno de la Ciudad, hacer reservas de oficio, dado que no existía ley que así lo ordenara.

¿Pero quien era la dependencia que se responsabilizaba de la ejecución de la obra?. Hasta el año 2002 y 2003, fue todo un misterio. Los diputados de oposición de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que en ese entonces eran mayoría, insistían en que el Distrito Federal emitiera su propia ley de transparencia. Existía ya un proyecto que había presentado el diputado José Luis Buendia Hegewisch del extinto partido “Democracia Social”, pero no fue dicho proyecto aprobado por el Pleno de la Asamblea Legislativa, sino hasta el 20 de diciembre del 2002, cuando finalmente fue turnado al Jefe de Gobierno para su publicación.

Sin embargo, el Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, realizo 28 observaciones a la ley aprobada, vetándola y devolviéndosela al legislativo el día 28 de enero del 2003. Pues para él, era improcedente crear otro “aparato burocrático” denominado Consejo de Información Pública, el cual no tenía, ni sustento legal, ni constitucional, además de que representaría un costo para los ciudadanos, los cuales tenían necesidades más importantes que sufragar.

Los diputados de la Asamblea, (en la cual, no tenía entonces mayoría el partido político del Jefe de Gobierno, el PRD), alegó que no podía retrarsarse la transparencia en la Ciudad de México, sopretextando costos.

Hubo resistencia también en el PRD de aquel entonces por aprobar la Ley de Transparencia. El diputado del PRD Gilberto Ensástiga Santiago alegó deficiencias en el procedimiento de no discutir cada una de las observaciones que hizo el Jefe de Gobierno, pero los diputados  Buendia Hegewisch y Federico Doring Casar, (del Partido Democracia Social y Acción Nacional), alegaron que la ley cumplía con el aval de la Organización de Estados Americanos, aunado a que era inadmisible que el Distrito Federal manejando un presupuesto de 77 mil millones de pesos anuales, no pudiera destinar 30 millones de ellos, para garantizar el derecho a la información. Por lo que agotada la discusión, se aprobó la ley por 43 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones.[12] En conclusión, lo que Andrés Manuel López Obrador y el PRD querían, era que el Consejo de Información Público, funcionara de manera “honoraria”, en calidad de “Consejo Asesor” del Jefe de Gobierno, no como un ente público autónomo. La mayoría de los diputados en la Asamblea, en aquel entonces, cuando el PRD no tenía dicha mayoría, avaló la aprobación de la ley y exigió al Jefe de Gobierno su inmediata publicación. 

Pero el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tardo cincuenta días en publicar la ley. Tiempo suficiente, para que siguieran continuando las obras del segundo piso del Periférico.     



6.     Construyendo “segundos pisos” y destruyendo leyes de transparencia.

Así pues, la primera ley de transparencia del Distrito Federal, luego de varias resistencias, retrasos y vetos del gobierno, pudo publicarse el día 8 de Mayo 2003, creándose en consecuencia, el Consejo de Información Pública, el cual el Jefe de Gobierno, inconforme con la decisión, consideró oneroso la creación de dicho Instituto y no le programó recursos públicos para su funcionamiento, sino hasta el año 2005.

Resulta pues que el Jefe de Gobierno, luego de conocer las designaciones de los tres comisionados del Consejo de Información Pública, Leoncio Lara Sáenz, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Odette Rivas Romero, dijo en conferencia de prensa, que el Gobierno del Distrito Federal no le iban a pagar 60 millones de pesos a los comisionados del Consejo, porque eso era un insulto al pueblo, no podía haber “gobierno rico con pueblo pobre”. El caso es que el presupuesto asignado a dicho Consejo era de 25 millones y no los 60 millones de pesos que decía Andrés, pero eso no importaba al PRD, el Gobierno del Distrito Federal resistiéndose al funcionamiento del órgano garante de la información pública, promovió la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la convocatoria y designación de los referidos consejeros, que ya habían protestado el cargo, pero que no podían desempeñar su encargo, porque “no había recursos”.

El Jefe de Gobierno se burlaba de la ley de transparencia, del poder legislativo que había aprobado la ley y seguía ejerciendo cuanta discrecionalidad podía ejercer, para que su magna obra pudiera continuar.

Para ese entonces. el Decreto del Presupuesto de Egresos vigente en el 2003 había logrado disminuir considerablemente el poder del Secretario de Obras y Servicios que se oponía a la obra del segundo piso, quitándole el 70% del presupuesto que recibía la dependencia, desincorporando de la dependencia, a la Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el cual por “arte de magia” de su autoritarismo, lo incorporó a la Secretaria del Medio Ambiente bajo el mando de la Dra. Claudia Scheibauem. Pero además, había decidido conservarle el presupuesto, al misterioso Fideicomiso de Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público, con 70 millones de pesos más.

¡Vaya paradoja¡, producto de la demagogia y el desconocimiento de los asuntos públicos; no darle al Consejo de Información Publica los 25 millones de pesos que dicho ente público solicitaba, pero si, darle 70 millones a un misterioso fideicomiso del que nadie sabía, pero del que seguramente, se triangulaba el dinero para el pago de las misteriosas empresas contratistas que llevaban a cabo la construcción de la mega obra.   

La popularidad del Jefe de Gobierno, lo convertían ya en un serio aspirante a la Presidencia de México; lo que se vio reflejado en las elecciones del 2003 cuando ganó con su partido el PRD, casi “carro completo”, triunfando en 37 diputaciones de las 40 distritos de mayoría (los 3 restantes los ganó el PAN). La composición de la III Legislatura de la Asamblea Legislativa, se integraría con una mayoría de 37 diputados del PRD (la mitad más uno para hacer o deshacer quorum y para aprobar o rechazar las leyes), existían también 16 diputados del PAN, 7 del PRI, 5 del partido Verde y 1 diputado más del extinto partido México Posible. Pero todos ellos, minoría al fin.[13]  

Con el poder de la Asamblea Legislativa, subordinado a las decisiones, ocurrencias y caprichos del Jefe de Gobierno, se siguiendo ejerciendo recursos en la construcción de los misteriosos segundos pisos, haciendo imposible acceder a cualquier información sobre el costo de la obra y de conocer con precisión, que empresas contratistas la estaban construyendo. Pues pese que ya existía Ley de Transparencia en el Distrito Federal, lo que no existía era la Institución que garantizara el cumplimiento de dicha ley; y no había institución, porque el Jefe de Gobierno sostuvo además una serie de litigios constitucional con dicho Consejo, al grado que la Asamblea (controlada por Andrés-PRD), removieron a los integrantes del Consejo, lo que generó otra vez una serie de Amparos, mismos que Andrés también incumplía, dada la “persecución judicial “ del que ya era víctima.

El diputado Rene Bejarano, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD empezó a realizar sus “valiosos servicios”, logrando que uno de los tres consejeros designados, renunciara al cargo; lo que provocó desde luego, la reposición del procedimiento. Sin embargo, al calor de las discusiones judiciales que fueron surgiendo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Asamblea y al Jefe de Gobierno, la instalación del Consejo de Información Pública.

La Asamblea Legislativa o mejor dicho, los 37 diputados que conformaban la mayoría de la misma, subordinados a la voluntad de su líder máximo, decidieron no acatar la resolución de la Suprema Corte y en su lugar, realizaron reformas a la ley. Las cuales salieron publicadas hasta el 31 de diciembre de 2003.

El Distrito Federal a diferencia del Gobierno Federal y de otras entidades federativas, si bien ya tenía su ley de transparencia, la verdad de los hechos, es que dicha ley, era lo que se conoce coloquialmente en la jerga jurídica como “letra muerta”.




7.     Millones y millones para una obra que nadie informa.

En el ejercicio anual del 2004, aparece un nuevo Fideicomiso denominado “Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal”, FIMEVC el cual se le otorgó en el año de su nacimiento, la generosa cantidad de 469 millones de pesos, más los 35 millones otorgados también al viejo fideicomiso de promoción para el financiamiento del transporte publico. El Sistema de Aguas mientras tanto recibía también la cantidad de 4,523 millones de pesos, sin que este organismo reportara tampoco alguna obra relevante, ni un metro de drenaje profundo, ni de acuifero; lo único de lo que era cierto, es que las obras del segundo piso continuaban, sin informar nada ni a nadie.[14]

Ante las severas críticas que recibía el popular Jefe de Gobierno por su política de opacidad, se publicó en la Gaceta Oficial  el día  17 de febrero del 2004, el Acuerdo por el que se da a conocer a los Titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, los Criterios que deberán observar en la emisión de los Acuerdos de Clasificación de la Información considerada como de Acceso Restringido, previstos en el Artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. [15]   

El decreto en mención estableció como único criterio de clasificación de información para todas sus dependencias que todo sería “público”, durante ese año prácticamente los 60 entes obligados —secretarías, órganos desconcentrados y delegaciones— emitieron acuerdos que rebasaban lo señalado en la ley, al considerar como reservada información básica. Desde el avance en el ejercicio presupuestal hasta contratos de publicidad, se consideran confidenciales, al igual que sueldos de funcionarios, costo y planeación de las megaobras viales, datos de contratos y licitaciones de obra pública y adquisiciones. El caso más conocido de estas reservas, fue no dar a conocer el costo, ni las licitaciones, ni los contratos, ni las erogaciones llevadas a cabo en la construcción de los segundos pisos.[16]

Después llegaron los llamados “videoescándalos” estallaron a partir del 3 de marzo, cuando se dieron a conocer las grabaciones en contra del Secretario de Finanzas Gustavo Ponce apostando dinero en Las Vegas y por el otro lado, el diputado Rene Bejarano Coordinador del PRD en la Asamblea y el Jefe Delegacional en Tlalpan, recibiendo fajos de dinero del empresario Carlos Ahumada. El Jefe de Gobierno respondía que todo obedecía a un “complo”, orquestado por Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos. 

Mientras las obras del Segundo Piso en su primera fase les faltaba poco para terminarse, una oleada de criticas a favor y en contra se suscitaron en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; ejemplo de ello fue la denominada marcha del silencio del 27 de junio del 2004, el cual el Jefe de Gobierno la calificó como una marcha de “pirruris” y ordenó a sus empleados (la burocracia del GDF), así como a los militantes del PRD y simpatizantes de Andres, a responder con otra marcha.

Se dijo entonces, que la sociedad comenzaba a polarizarse y que tanto la imagen como el discurso de Andrés Manuel López Obrador, hacía recordar al del Presidente de Venezuela el Comandante Hugo Chávez Frías.  Lo cierto era, que la candidatura presidencial de Andrés Manuel para las elecciones del 2006, era ya un hecho evidente.

Para el año 2005, seguían construyéndose las obras del segundo piso y para ello, la Asamblea Legislativa había decidido reducir más el presupuesto de la Secretaria de Obras y Servicios urbanos a un presupuesto de 1,668 millones de pesos, ya prácticamente, anulando el trabajo del Secretario Cesar Buenrostro a sólo “tapar baches”; el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, desincorporado a la Secretaria de Obras y subordinado a la Secretaria del Medio Ambiente, se le aumento considerablemente el presupuesto a unos 5,992 millones de pesos; el Fideicomiso de Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público se le otorgó unos 20 millones de pesos, en sus tres años de existencia, solo había recibido 185 millones de pesos; mientras que el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal”, FIMEVC, se le aumentaba su presupuesto a unos 554 millones de pesos.

Era evidente, que ante la falta de información pública, los recursos para pagarle a las misteriosas empresas contratistas que construían el segundo piso, provenían, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como de los Fideicomisos FIMEVC y FIFINTRA. No se tiene la certeza en que cantidades, dado que no existían en ese momento, la aplicación de la Ley de Transparencia simbólica, supuestamente “vigente” en el Distrito Federal; y las instituciones como la Contraloría General y la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, que podían fiscalizar el recurso público, quedaban subordinadas a lo que dictaba su líder político.

Así pues, mientras las leyes de transparencia funcionaban ya en la República Mexicana, no se diga la del Gobierno Federal; el Jefe de Gobierno publicaba en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de marzo del 2005, el Acuerdo por el que se establece como pública toda la Información que detenta la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 23 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. [17]

“En dicho decreto, el Jefe de Gobierno manifestaba: “Que la transparencia es una regla de oro de la Democracia, consustancial a ella, por lo que desde el inicio de la actual Administración decidimos conducirnos bajo las reglas de la transparencia, siendo el Gobierno de la Ciudad de México el primero en publicar en Internet la nómina de los servidores públicos, sus declaraciones patrimoniales y la forma de ejercer el presupuesto asignado. Además, somos el único Gobierno de las Entidades que conforman nuestro País que ha permitido la participación de los ciudadanos como contralores en todos los procesos de licitación y supervisión de las obras y adquisiciones que realiza la Administración Pública del Distrito Federal. Sin embargo nuestros adversarios, quienes se han quedado callados frente a los grandes fraudes de la Nación y no han exigido que se transparente la utilización de recursos públicos, como es el caso FOBAPROA han estado desinformando y tratando de desprestigiar al Gobierno del Distrito Federal con este tema, queriéndose situar, sin razón, como jueces implacables de la actual Administración de esta Ciudad”. [18]

La administración pública era “transparente” por decreto del Jefe de Gobierno, pero el Consejo de Información, cuando apenas entraba a funcionar, otra nueva reforma a la ley, la del 28 de octubre del 2005, sustituye al viejo Consejo de Información Pública, por el ahora Instituto de Información Pública del Distrito Federal; aunado a que dicha ley; un órgano de transparencia, denostado, sin presencia, sin autonomía, sin nada relevante que dar a conocer, dada la resistencia del Gobierno del Distrito federal por transparentarse.



8.     Transparencia y “compló”

Así pues, en ese 2005, tampoco existía la plataforma infomex, sin que las solicitudes se realizaban a través de un correo electrónico, del cual al solicitarse la información, no se tenía la certeza de un “acuse de recibo”, los recursos que podía resolver el Consejo, eran prácticamente sin fuerza coercible; el Jefe de Gobierno se dedicaba más a dar conferencias matutinas, explicando el caso del “Paraje San Juan”, y después del “Encino”, con el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación exigía el cumplimiento del amparo y ante la negativa de acatar el fallo, la consignación de las autoridades responsables, empezando por el Jefe de Gobierno, quien apoyado inconscientemente por el gobierno federal, comenzó a impulsar su carrera presidencial, con el “No al Desafuero”.

Algunos periódicos como La Crónica (de Hugo Hiriart, aún no existía el diario La Razón), empezó a documentar las resistencias y opacidad de dar a conocer la información de los segundos pisos. Pero ese no era el tema. Andrés Manuel centro la discusión en torno al “complo” y al “golpe de Estado técnico” que se pretendía hacer desde la PGR con la complicidad de la Suprema Corte y el odio del Presidente Fox, para inhabilitar al Jefe de Gobierno, de la candidatura presidencial.

Andrés Manuel fue desaforado, pero siguió despachando como Jefe de Gobierno, lo que causó la burla y la admiración de muchos de sus acérrimos críticos y admiradores; antes de separarse del cargo, para competir como candidato de la Coalición “Por el Bien de México Primero los Pobres”, alcanzo inaugurar su obra, no como lo había prometido, pero si una parte de ella; el Periférico contaba ya con un “segundo piso”.
Para el año 2006, se le presupuesto a la Secretaria del Medio Ambiente el presupuesto más alto que había recibido en toda su historia como dependencia gubernamental del Distrito federal, a la cantidad de 1,314 millones de peos; el Sistema de Aguas recibió 6,349 millones de pesos, los Fideicomisos FIMEVC y FIFINTRA, las cantidades de 1,066 millones y 20 millones respectivamente.

¿Cuanto costo la obra?. Hasta ese momento, no se sabía.

Las elecciones presidenciales del 2006, son otra historia aparte. Lo que no hay que perder de vista, es que nunca, en ningún día de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer, cuanto se había gastado en la construcción del segundo piso. Nunca se dijo que empresa lo había hecho, nunca se dijo tampoco, que licitación o los motivos de las adjudicaciones directas que se hicieron. El Gobierno de Andrés Manuel, fue el gobierno que decidió ser “transparente” por mero decreto, por voluntad autoritaria del Ejecutivo local, no porque la ley, a la que observó, impugnó y jamás le dio recursos, para que pudiera ordenarle algo. Andrés al igual que en su discurso de protesta a lo que le llamó “fraude electoral” a su derrota de las elecciones 2006, mando también “al diablo” su Institución de Información Pública.



9.     Los contratos del segundo piso, “transparentados”.

Cuando entro a gobernar Marcelo Ebrard, pese que su discurso político y su lealtad, era de subordinación al “Presidente Legítimo”, en los hechos, corrigió los errores de su antecesor, para ello reanudó una política de conciliación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como también, con la transparencia, haciendo del Distrito Federal la principal entidad con mayor transparencia en la República Mexicana, reconociendo la importante labor de una a Institución como el INFODF.

Fue entonces, que se consideró ya información pública y sujetos obligados a los “Fideicomisos Públicos”, entre estos, el denominado Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Gobierno del Distrito Federal.

Fue entonces que “se hicieron públicos” los supuestos contratos con los que se construyó el “segundo piso”, supuestos contratos reiteró, porque el denominado Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, no existía en el 2001, ni en el 2002, ni en el 2003; por ende, no pudo celebrar en esos años, los supuestos contratos que se “transparentaron” hasta el 2009 y que pueden además consultarse en la página web  http://www.fimevic.df.gob.mx/documentos/transparencia/contratos/obra/ctos_obra_publica.pdf. 

La opacidad con la que se llevó a cabo la construcción del segundo piso, no fue la dependencia que debió de haberla hecho, es decir la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Urbanos del Distrito Federal, a la que se le resto autoridad y se le ninguneo a su titular, por su cercanía con el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Así pues, Andrés Manuel López Obrador, en ejercicio de ese poder autoritario y discrecional que tiene los poderes ejecutivos locales, fue el que tuvo la ocurrencia de crear un “Fideicomiso” y con ello, fue la Secretaria Técnica de dicho Fideicomiso público, quien llevó a cabo la ejecución de la obra, que como ya se demostró, no existía leyes ni instituciones, ni la voluntad verdadera de ser transparente; lo que hubieran permitido conocer puntualmente en tiempo real, toda la información de la obra.  

La nueva Ley de Transparencia del DF del 28 de marzo del 2008; publicada en esa fecha en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, fue la que obligó a los entes públicos a sacar la información pública que detentaba en sus archivos, fue entonces, con la política de transparencia impulsada por Marcelo Ebrard,  cuando se dio a conocer esa supuesta relación de contratos relacionados con la construcción del segundo piso, del cual, dada su demora en publicarlos y por la inconsistencia de atribuírseles a un fideicomiso que nació en el 2004 y no en el 2001 como dice su página web, es por lo que  dudo de su auténtica veracidad.



10.  ¿Y cuanto costo realmente el mentado segundo piso?

Los segundos pisos sobrevivieron al sismo del “19S” y seguramente, los secretos que esconde la obra, quedaran sin saberse, mientras no exista un trabajo de investigación que profundice sobre la veracidad o falsedad de los contratos publicados.

Andrés Manuel dijo que la obra costaría 1,500 millones de pesos, pero la verdad, la suma de los  Fideicomisos FIMEVC y FIFINTRA, seguramente destinados para la obra, arrojaron la cantidad de 2,279 millones de pesos. (40% más de lo supuestamente presupuestado). Eso sin contar, los posibles desvíos de dinero que pudieron haber realizado la Secretaria del Medio Ambiente y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; el caso de la primera Secretaria cuyo titular era la hoy candidata a Jefa de Gobierno del Partido Morena, recibió un aumento considerable en su presupuesto del más del 300%, pasando de 230 millones en el 2004, a 765 millones en el 2005 y 1,314 millones de pesos para el 2006.

Si calculamos que con el presupuesto del 2004, la Secretaria del Medio Ambiente hubiera pagado la totalidad de sus necesidades, los ingresos adicionales que obtuvo dicha dependencia entre el 2005 y el 2006, fueron de 1,084 millones de pesos.  

El caso del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, su aumento presupuestal también fue desbordante. Cuando nació dicho organismo descentralizado, mas que con la intención de restarle poder al Secretario de Obras Cesar Buenrostro, insubordinado al Jefe de Gobierno y de incorporar dicho organismo público a la Secretaria del Medio Ambiente, se le había otorgado en el 2003 un presupuesto base de 4,157 millones de pesos, el cual creció en el 2004 a 4,523 millones; en el 2005 a unos 5,992 millones y en el 2006, a unos 6,349 millones de pesos.  Si tomamos el presupuesto asignado en el 2003, como el presupuesto base y los respectivos aumentos, como hipotéticamente las cantidades que pudieron haber sido “desviadas”, tendríamos del 2004 al 2006, una cantidad adicional de 4,393 millones que recibió dicho organismo público desconcentrado.

Así pues, con los 2,279 millones que aportaron los dos Fideicomisos, más los recursos adicionales de la Secretaria del Medio Ambiente y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México de 5,477 millones de pesos; dan un total de 7,756 millones de pesos.
Oficialmente la obra del segundo piso costo 5,981 millones de pesos, pero el dinero que se obtuvo de las cuatro entidades públicas antes señaladas, pudo haber costado hipotéticamente, 7,756 millones de pesos. Lo que pudiera posiblemente significar una ganancia de 1,775 millones de pesos.

Resulta imposible e inadmisible, hablar de honradez cuando no hay transparencia; criticar las obras del aeropuerto, cuando no existió congruencia en la construcción del segundo piso. ¡Nada peor que la hipocresía¡.  Es un hecho cierto lo que afirmare a continuación.

No podré acusar al Ex Jefe de Gobierno de ladrón, pues las instituciones como la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría General y la Contaduría Mayor de Hacienda, “no detectaron” nada irregular sobre la obra; pero de lo que si puedo acusar al exjefe de gobierno, fue su prepotencia, su autoritarismo, sus ocurrencias y sus caprichos, basados en su ignorancia, de construir una obra, del que quizás nunca jamàs se sepa, cual fue su costo verdadero.

Y eso para mi, es no tener congruencia … ¡No predicar realmente, con el ejemplo¡.
Es no ser un mesias, sino simplemente, …¡ser un farsante¡.






[3] CFR. http://www.infomexdf.org.mx/flslayerhistorico/seguimiento/6eb134ee/06cd56f7/Sol_52808.pdf, La Solicitud de Información Pùblica fue la 0100000052808 , la cual recayó su respuesta en oficio FIMEVIC/OIP/176/08, de fecha 2 de octubre del 2008. Las empresas fueron: Rioboó, S.A. de C.V., A.C. Nielsen, S.A. de C.V., Marcadores De Pavimento, S.A. De C.V, Grupo Soliman, S.A. de C.V., Multiseñal, S.A. De C.V., Grupo Manroc,SA de C.V., Semex, S.A. De C.V., Eyssa Mexicana, S.A. de C.V., Consorcio Constructor y Consultor, S.A. de C.V., Lumbreras y Túneles, S.A. De C.V., Experiencia Inmobiliaria Total, S.A. de C.V., Impulsora Mexicana de Servicios Profesionales, S.A.  de C.V., Tecnología y Construcciones de Concreto, S.A. de C.V., Corporación Del Altiplano, S.A. de C.V., Delta Cimentaciones, S.A. de C.V., Consorcio Constructor y Consultor, S.A. De C.V., Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V, Proyecsa e Ingenieros, S.A. de C.V., Gami Ingenieria e Instalaciones, S.A. / Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V,  Pretencreto, S.A. de C.V; Unión Presforzadora, S.A. de C.V., González Soto y Asociados, S.A. de C.V., Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., Lumbreras Y Túneles, S.A. De C.V., Cargo Crane, S.A. de C.V., Transportes y Grúas Mycsa, S.A. de C.V., Eseasa Construcciones, S.A. De C.V., Eseasa Construcciones, S.A. de C.V., Guillermo Flores García, Lumbreras y Tuneles, S.A. de C.V., Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V., Fcm Construccion y Supervision, S.A. De C.V., Constructora Jaquenavy, S.A. de C.V, Secretaria Del Medio Ambiente, Ingeniería Integral Internacional México, S.A. de C.V. y 'Falope Construcciones, S.A. De C.V.
[8] CFR. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 31 de diciembre del 2001. A la Secretaria de Obras y Servicios Urbanos se le asignó $9,182,539,356.00 y al recién creado Fideicomiso para el Fondo de Aportaciones de las Vias de Comunicación $80,000,000.00.  http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2001_diciembre_31_158.pdf
[12] Diario de Debates de l18 de marzo de 2003. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. http://www.aldf.gob.mx/archivo-de99d01db3d94a78de6af7d9956f2cf0.pdf
[16] Los artículos 27 y 28 de la primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal decían:
Artículo 27. Cuando las autoridades competentes consideren que debe continuar restringida la información, corresponderá al titular del Ente Público emitir, debidamente fundado y motivado, el acuerdo que la prorrogue hasta por un máximo de diez años adicionales.
En ningún caso, el carácter restringido de la información podrá superar los veinte años contados a partir de la primera clasificación, procediendo la divulgación de la información si antes del cumplimiento del periodo de restricción adicional dejaren de existir los motivos que justificaban tal carácter.
El proceso de terminación de la restricción al acceso de la información opera de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo, sin necesidad de resolución o acto administrativo alguno.
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no tenga tal carácter.
Artículo 28. El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como de acceso restringido, deberá indicar la fuente de la información, la justificación y motivación por la cual se clasifica, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación, guarda y custodia.

[17] Artículo 23. Se considera información reservada la que: I. Comprometa la Seguridad Pública Nacional o del Distrito Federal; II. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona; III. Impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones y las operaciones de control migratorio; IV. La ley expresamente considere como reservada; V. Se relacione con el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal; VI. Trate sobre personas y que haya sido recibida por los Entes Públicos bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los Entes. VII. Se trate de averiguaciones previas en trámite; VIII. Se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado ejecutoria; IX. Se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva; X. Contenga las opiniones, solicitudes de información, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos. Asimismo, la contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Públicos en materia de controversias legales; o XI. Pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones a los derechos fundamentales.
Artículo 24. Se considerará información confidencial, previo acuerdo del titular del Ente Público correspondiente, la siguiente: I. Las memorias, notas, correspondencia y todos los documentos relacionados con negociaciones entre el Distrito Federal y el Gobierno Federal o las Entidades Federativas, en materia de seguridad pública; II. Los expedientes, archivos y documentos recopilados, producto de las actividades de prevención de delito u otras actividades relacionadas con las labores de los cuerpos de seguridad pública del Distrito Federal; III. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada como confidencial o el Ente Público así lo determine en salvaguarda del interés del Estado o el derecho de terceros; IV. Los archivos, análisis, transcripciones y cualquier otro documento derivado de las actividades de la Secretaría de Seguridad Pública; V. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los supuestos del artículo anterior; y VI. La correspondencia interna y trámites de gestión interna que realicen los Entes Públicos que no correspondan a programas, acciones, trámites administrativos o actividades relacionadas con las finanzas públicas o actos de autoridad.